El Gobierno de Zaragoza quiere una solución pactada con la DGA para el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA)

Rivarés ha respondido al requerimiento de la DGA, de suministrar los datos para poder cobrar dicho impuesto, con un escrito reclamando un convenio para Zaragoza. Por su parte, Artigas quiere que se garanticen las inversiones necesarias en obras de saneamiento, que se mantenga la progresividad fiscal en los recibos, y que no se cobre más dinero del necesario para mejorar la depuración de las aguas.

Artigas y Rivarés durante la rueda de prensa. Foto: Daniel Marcos (AZ)

El Gobierno de Zaragoza quiere poner fin al conflicto abierto con el Gobierno de Aragón en relación al Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), recuperando el régimen económico concertado por ambas instituciones que fue suprimido con la entrada en vigor en enero de 2016 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Aragón.

A través de este régimen económico concertado el municipio de Zaragoza participaría de manera solidaria en la financiación de las actividades de prevención de la contaminación, abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas de todo el territorio "sin renunciar a una serie de principios que viene aplicando desde hace largo tiempo en su política de aguas", explican fuentes municipales.

Estos principios son la aplicación de la progresividad fiscal y la recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas;  la apuesta por la transparencia, el control y la gestión pública del agua, y para ello se pide una auditoría del Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón y del Instituto Aragonés del Agua; y la financiación de las inversiones necesarias en el término municipal de Zaragoza que son competencia del Ayuntamiento con cargo a la recaudación derivada de la aplicación del ICA, para no incurrir en una doble tributación de los mismos.

Carta al Presidente del Instituto Aragonés del Agua

El Consejero de Economía Hacienda y Cultura, Fernando Rivarés, se ha dirigido por carta al Presidente del Instituto Aragonés del Agua respondiendo al requerimiento de la DGA de suministrar los datos para poder cobrar el impuesto.

En el escrito Rivarés detalla todos los encuentros técnicos que ha habido durante el último año entre ambas instituciones, y "las dificultades que se han puesto de manifiesto para resolver los problemas que plantea la transferencia de la información solicitada desde unas bases de datos dinámicas y diariamente cambiantes".

"De hecho -apunta Rivarés-, la orden que regula la ley del ICA va a tener que ser modificada según reconocen en varios escritos los propios técnicos del Instituto Aragonés del Agua, en varios apartados que hacen referencia a los criterios para la determinación de consumos y a las tarifas bonificadas".

"En estas circunstancias y en base a los compromisos adquiridos en el marco de la imprescindible lealtad institucional, el Ayuntamiento de Zaragoza está en condiciones de hacer entrega al Instituto Aragonés del Agua del Fichero correspondiente a la información tributaria de enero de 2016", añade.

Advierte el consejero Rivarés en su carta que toda la documentación facilitada ha de supeditarse a los cambios normativos para poderles aplicar en el cobro del ICA, y tiene el carácter de información confidencial.

Siguen los procesos abiertos en los tribunales

Concentración frente al Gobierno de Aragón en marzo de 2016. Foto: ZeC.
Concentración frente al Gobierno de Aragón en marzo de 2016. Foto: ZeC.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, ha recordado que los procesos abiertos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y en el Constitucional español contra la aplicación de este impuesto, siguen pendientes de sentencia.

“El Gobierno de Zaragoza mantiene que el ICA es un impuesto injusto para los vecinos y vecinas de la ciudad, vamos a exigir que en caso de aplicarse cumpla el principio de progresividad fiscal que hoy tiene el recibo del agua en Zaragoza, que grava más a los grandes consumidores, como una forma de defender el derecho universal al acceso al agua de los ciudadanos. También el principio de recuperación de costes, que solamente se tribute por aquello que después se invierte en las infraestructuras relacionadas con el agua, tal y como lo indica la Directiva Marco del Agua. No se puede hacer negocio con los asuntos relacionados con el acceso al agua. Y por último, -ha recordado Artigas- que parte del dinero que se recaudará se invierta en necesidades de mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas en Zaragoza”, ha dicho Artigas.

Según la concejala, se ha calculado que Zaragoza tiene unas necesidades de 40 millones de euros. Desde el Gobierno de la ciudad, está previsto que se destinen en los próximos cuatro años 17 millones de euros. “Si se ha de recaudar, que no sea un doble gravamen -ha concluido Artigas- que ese dinero en parte sirva para cubrir las necesidades acuciantes de la ciudad y para cumplir con los requisitos que nos marca la Unión Europea”.

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