El Estado no está

Recientemente hemos tenido conocimiento de los varapalos que los Tribunales de la Unión Europea han obsequiado al Estado Español por disposiciones dictadas por los altos Tribunales (Supremo y Constitucional) que contravienen principios esenciales recogidos en la Convención europea de Derechos humanos.

Como sigan así las cosas, los españoles haríamos bien en empezar a solicitar la nacionalidad europea como única garante de nuestros derechos. Evitaríamos encontronazos con la justicia española y bastante mejor nos iría.

Recientemente hemos tenido conocimiento de los varapalos que los Tribunales de la Unión Europea han obsequiado al Estado Español por disposiciones dictadas por los altos Tribunales (Supremo y Constitucional) que contravienen principios esenciales recogidos en la Convención europea de Derechos humanos.

Por una parte el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó la aplicación de la retroactividad en la devolución de las clausulas suelo aplicadas sin transparencia por la banca española.

El 9 de Mayo de 2009 el tribunal Supremo de España había declarado nulas las dichosas clausulas aunque limitó su aplicación hasta esa fecha ¿Motivos? Pues probablemente para no enfadar, alterar o indisponer a los poderosos banqueros. Total, los españoles ya habían rescatado a la banca con decenas de miles de millones de euros (se calcula en más de 60.000 millones el precio del rescate que nunca se recuperará), si no se van a devolver los millones del rescate para que enredar exigiendo el pago de unos pocos miles de millones más. A partir de la sentencia del Tribunal Europeo serán aproximadamente alrededor de 4.500 millones los que tendrá que devolver la banca por la aplicación abusiva de las clausulas suelo.

Por otro lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha fallado en contra del Estado español en el recurso interpuesto ante ese Tribunal por una empresa a la que después de esquilmarle una propiedad le dieron la espalda los altos organismos de justicia españoles.

La empresa ganadera Sociedad Anónima de Ucieza compró en 1978 una finca en la localidad palentina de Ribas de Campos. En esta finca se encontraban enclavadas una iglesia cisterciense y varias edificaciones adjuntas, un molino entre ellas, que en su día formaron parte del monasterio Santa Cruz de la Zarza.

Valiéndose de una ley hipotecaria de 1946 – por lo tanto de dudosa constitucionalidad – que le otorga la condición de fedatario público, el Obispo de Palencia inscribió las mencionadas edificaciones a su nombre en el Registro de la Propiedad.

En defensa de su derecho la empresa acudió a los tribunales y cuando el caso llegó al Tribunal Supremo este no lo admitió a trámite. El Constitucional rechazó el recurso de amparo.

Para los jueces europeos ambos tribunales han vulnerado principios esenciales y así lo hace patente en la sentencia. Por unanimidad ha declarado que el Estado Español ha vulnerado el Artículo 6.1 de la Convención de Derechos Humanos.

En los países de la Unión Europea crece el estupor al comprobar cómo la legislación española propicia el expolio de bienes públicos por parte de la Iglesia Católica.

La complicidad de sucesivos gobiernos de Partido Popular, la avaricia eclesiástica, la indolencia del PSOE y la irresponsabilidad de las corporaciones locales ha dado como resultado que joyas del patrimonio nacional pasen a manos privadas: los edificios y sus contenidos. Ha sido una sencilla forma de convertirse en el mayor holding inmobiliario del país. Sin poner un euro, sin esfuerzo, sin tener legitimo derecho.

A los señores obispos sólo les ha hecho falta la connivencia de algunos ministros simpatizantes con la Obra o militantes en sectas similares, un barniz de legalidad y el silencio artero de Registradores y Jueces.

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