Más allá de su situación judicial, los “8 de Yesa” están recibiendo una ola de solidaridad y apoyo hacia su causa, tanto de carácter ciudadano como institucional (desde ayuntamientos a parlamentos: aragonés, navarro o europeo), que tendrá un importante momento de visibilidad en la manifestación convocada para mañana en la capital de Aragón.
Sabido es que el proyecto de recrecimiento de Yesa es una obra faraónica que lleva enterrados cientos de millones de euros, que tiene consecuencias muy graves para la seguridad de los pueblos aguas abajo de la presa, y que supone un fuerte impacto negativo para la economía y el medio ambiente de varias comarcas aragonesas. Por estas razones el pueblo de Artieda, el de mayor afección por las obras de este macropantano, mantiene una histórica lucha contra este megalómano proyecto.
El pasado 10 de octubre de 2012 habitantes de Artieda y de la Canal de Berdún, junto a otros ciudadanos y ciudadanas de otros lugares del país, realizaron una acción pacífica de protesta en el ejercicio de su derecho constitucional de libertad de reunión y manifestación. Cabe recordar que la constitución española vigente recoge en su capítulo segundo “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, en su artículo 21, que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”.
No hay más que ver las series fotográficas o los videos de lo sucedido aquel día para entender que el estado español decidió entonces utilizar toda su maquinaria represiva, policial, política, judicial y mediática, para reprimir el derecho de reunión pacifica de estas aragonesas, y su derecho a expresar su protesta y desacuerdo con decisiones gubernamentales.
El PP utiliza las instituciones públicas en su propio beneficio partidista
El más importante de los partidos nacionalistas españoles, el PP, continúa utilizando sectariamente las instituciones públicas en su propio beneficio político. Pese a permanecer en funciones, el gobierno del estado español por medio de su delegado en Aragón, Gustavo Alcalde, hizo pública ayer una extemporánea nota de prensa para intentar afear la solidaridad acumulada durante meses por la causa de los “8 de Yesa”.
Encabeza su escrito Gustavo Alcalde con un esclarecedor “Ante las afirmaciones del alcalde de Zaragoza en apoyo de los agresores a la Guardia Civil en Artieda”, en un claro intento de mediatizar el proceso judicial que comenzará este lunes 23 de mayo, adjudicando a los activistas pacíficos de aquel día el calificativo de ‘agresores’.
Gustavo Alcalde recuerda en el escrito de su Gabinete de Prensa que la “Administración de Justicia acordó el sobreseimiento libre de la denuncia contra la Guardia Civil”, y también que, a su juicio, la “Guardia Civil garantizó, el 10 de octubre de 2012, que los funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Ebro cumplieran su cometido”.
Y, tras transcribir parte de aquel auto judicial, Gustavo Alcalde, delegado en funciones, se lanza con este documento oficial a la campaña electoral del 26J. Así, en la nota de prensa del organismo público se afirma sesgadamente que “el recrecimiento del pantano de Yesa es una obra estratégica para el desarrollo de Aragón, para el futuro de la región y para el abastecimiento de agua de calidad a más de 700.000 habitantes de la ciudad de Zaragoza y 50 núcleos de su entorno, más de la mitad de la población aragonesa”, incluyendo literalmente la posición política de su partido, el nacionalista español PP, y obviando la contestación social y política de dicho proyecto.
Finalmente se afirma que “el delegado del Gobierno de España en Aragón, Gustavo Alcalde, considera que resulta paradójico que el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, muestre su solidaridad con aquellos que intentan impedir que Zaragoza tenga agua de boca de calidad procedente del Pirineo”, y concluye añadiendo que “los 8 de Yesa están procesados por presuntos delitos contenidos en el Código Penal, por agredir a guardias civiles, y no por la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana”, intentando así que su posición política sectaria prevalezca al dotarle de ‘cierto carácter de oficialidad’.
Gustavo Alcalde ya ha sido recriminado con anterioridad, por el TSJA y el TC, por vulnerar el Derecho de reunión
Cabe recordar que Gustavo Alcalde ya ha sido amonestado por vulneración del Derecho de reunión por diferentes instituciones de defensa de los Derechos Humanos, como el Justicia de Aragón o el Defensor del pueblo, y también por los organismos judiciales de mayor rango, como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón o el Tribunal Constitucional español.
Asimismo, hablar de la acción política de Gustavo Alcalde al frente del orden público en nuestro país es hablar de un mandato plagado de represión, solicitudes de dimisión (por parte de partidos políticos, sindicatos, mareas, organizaciones laicistas, feministas, ecologistas, de derechos humanos, e incluso por parte de las asociaciones profesionales de policía y guardia civil), o extravagantes sanciones administrativas “por si acaso, en una protesta sin incidentes”.
Sería interesante que el funcionario público en funciones Gustavo Alcalde, cuyo sueldo pagamos las aragonesas con nuestros impuestos, dedicará sus esfuerzos laborales a mantener el orden público, o a garantizar que el estado español deje de incumplir sus compromisos legales con Aragón. Y que financie la difusión de sus posiciones políticas con fondos de su partido, y no emitiendo notas de prensa partidistas desde organismos de la administración.
