El Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca ha decidido suspender la ejecución de la sentencia que condenó al empresario minero, Victorino Alonso, a dos años de prisión y al pago de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico situado en la Sierra de Guara declarado Bien de interés Cultural (BIC) y reconocido por la Unesco como patrimonio mundial.
El auto señala, entre otras cuestiones, la insolvencia económica del empresario para hacer frente a la indemnización, así como otras circunstancias como la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que su condena no supera los dos años de cárcel.
Dicho auto judicial, al que ha tenido acceso Efe, subraya que el propio Código Penal admite la posibilidad de aplicar la suspensión de la condena en los casos en los que se haya declarado la imposibilidad total o parcial de que el acusado pueda hacer frente al abono de la cuantía establecida.
"En este caso la responsabilidad civil asciende a 25,5 millones de euros lo que, por sí solo, ya da una idea de la dificultad de hacer frente a tan elevada cuantía", recalca el magistrado del Juzgado de lo Penal de Uesca.
Y añade que Victorino Alonso no solo fue declarado insolvente el pasado mes de septiembre, una vez rechazados todos sus recursos, incluso el antepuesto en el Tribunal Constitucional, sino que está realizando en la actualidad pagos mensuales al tener embargada su pensión de jubilación.
Asimismo, el auto recuerda el hecho de que la sociedad Fimbas, vinculada a Alonso y condenada como responsable civil subsidiaria en el pago de la indemnización, ha ofrecido en "dación de pago" la finca de Bastarás, una extensa propiedad donde se ubicaba la Cueva de Chaves.
Y concluye: "Hay que subrayar que se está haciendo frente al pago de la responsabilidad civil en la medida de la posibilidad de pago de los deudores y se ha abonado (o se está en trámites de hacerlo) una parte relevante de la misma, de modo que no cabe negar el acceso al beneficio de la suspensión de la pena al condenado por el hecho de no haberse pagado en su totalidad".
Cabe recordar que el proceso se inició en junio de 2009 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía al tener conocimiento de que en el yacimiento arqueológico de la finca denominada 'Bastarás', en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara y uno de los más importantes asentamientos neolíticos de la Península Ibérica por sus hallazgos y sus pinturas rupestres, el empresario Victorino Alonso García ordenó la realización de obras en el interior de la Cueva de Chaves consistentes en el vaciado de sus losas y sedimentos, con el fin de nivelar el suelo de la cueva y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras, así como de utilizar el material extraído para la construcción de un dique de contención de aguas cercano a la cueva.
Las losas y sedimentos arqueológicos fueron retirados con una retroexcavadora de gran tonelaje y sin la presencia de ningún arqueólogo. Pese a ser conocedor del valor arqueológico del yacimiento, el empresario leonés “tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza”.
El pasado mes de enero, la Audiencia de Uesca ya redujo de dos años y medio de prisión a dos años la pena impuesta al empresario leonés por dilaciones judiciales indebidas, pero mantuvo la multa de 25.490.805 euros por la destrucción de la Cueva de Chaves.
