La asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico -MHUEL- informa que ha recibido escrito de la oficina del Defensor español del Pueblo en contestación a las quejas que esta asociación presentó en su día a través del Chusticia d’Aragón referentes a la vulneración de derechos fundamentales por parte de la Delegación del Gobierno del Estado español en Aragón.
Mhuel recuerda que “en tres ocasiones ha tenido que recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Aragón decisiones administrativas de la Delegación del Gobierno que coartaban el libre ejercicio de concentración y manifestación y en las tres, el TSJA ha dado la razón a Mhuel en sentencias en firme”.
La asociación explica que “ante el silencio, la apatía y nula disposición de la citada Delegación a cambiar de criterios sobre los derechos constitucionales que regulan el ejercicio de libre expresión, reunión y manifestación, elevó sendas quejas al Justicia de Aragón, siendo estas tramitadas con destino final a la oficina del Defensor del Pueblo”.
“Destacamos como significativa la alegación de la Delegación en el escrito ‘La Delegación del Gobierno justifica las resoluciones de la Subdelegación en Zaragoza por la premura con la que deben calibrar las posibilidades de peligro y ponderar las circustancias fácticas’, cuestión que esta asociación se permite no valorar ante una afirmación que no tiene ni pies ni cabeza puesto que sí hay tiempo y no hay peligro, y de eso creemos que es plenamente consciente la Delegación del Gobierno”, afirman desde Mhuel.
Por otra parte, es de resaltar en el escrito “la alusión a modo de clarísimo estirón de orejas cuando cita ‘La Delegación no ha asumido plenamente la doctrina del Tribunal Constitucional referente al derecho de reunión y manifestación que fundamenta las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón’. Valoramos esta cita cómo un toque muy sonoro a la manera de proceder y actuar de la Delegación.
Mhuel destaca cómo colofón “los últimos párrafos de este escrito que aluden directamente al menoscabo que han supuesto las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno al vulnerarse los derechos de reunión y manifestación de la asociación Mhuel, así como de la recomendación que hace el Defensor del Pueblo a la citada Subdelegación en el sentido de que ‘cumpla la ley y que la cumpla bien’, modificando sus criterios y adopte una posición favorable al ejercicio de dicho derecho dándose por enterados de la doctrina del Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.
“Pedimos el cese o dimisión de Gustavo Alcalde Sánchez y de todo su equipo. Son ya demasiadas sentencias, quejas y reconvenciones de otras instituciones por el proceder de la Delegación que dirige, sin olvidarnos del clamor de la calle ante las formas, maneras y los modos de este Delegado en su peculiar percepción de entender la seguridad ciudadana y los derechos y libertades de la ciudadanía”, concluyen desde Mhuel.
