Economía

El CETA entra en vigor pese a los riesgos denunciados

La entrada en vigor este jueves del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) conlleva varios peligros asociados a la actividad minera de las empresas canadienses, la privatización de servicios públicos, la vulneración de derechos laborales y la especulación financiera
| 21 septiembre, 2017 07.09
El CETA entra en vigor pese a los riesgos denunciados

Este 21 de septiembre entra en vigor el tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea denominado Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés) que lejos de ser una continuidad en los tradicionales acuerdos de comercio entre países, conlleva peligrosos avances en la supeditación de la economía a la legislación de los diferentes Estados.

En el último año, la sociedad civil europea, sindicatos, partidos políticos y parlamentos regionales no han cesado de expresar su preocupación por los graves impactos del CETA. También han denunciado la falta de transparencia y participación democrática en el manejo de las políticas comerciales por parte de las instituciones europeas.

Canadá es un gran exportador de minerales, hidrocarburos, productos químicos, maquinaria y productos agroalimentarios y dentro de estos, esencialmente cereales –con una regulación muy laxa en cuanto a transgénicos- y pesca. En este sentido la balanza comercial de Canadá con la Unión Europea parece equilibrada, siendo sus máximos importadores Reino Unido (8.230 millones de dólares), pendiente de ser confirmado el Brexit, Alemania (3.430 millones), Francia (2.730 millones) y Países Bajos (2.300 millones), según datos de la OCE de 2015.

Según ese mismo registro el Estado español importa de Canadá alrededor de 1.000 millones de dólares de los que la mayor parte son petróleo, minerales y cereales, mientras que Canadá importaría 1.810 millones de dólares en su mayor parte medicamentos, minerales y productos vegetales.

Todas ellas son cifras lógicas en una sociedad económicamente globalizada en la que los productos surcan cielos y mares en diferentes direcciones en busca del mayor beneficio económico posible. Sin embargo, el CETA entraña ciertos peligros que vienen de la mano de una legislación más permisiva con las multinacionales, pues incluye conceptos como las “demandas legítimas” de las empresas, entre las que las “expectativas de beneficios” se convierten en un arma poderosísima contra los gobiernos. En este sentido, pese a haber quedado inicialmente fuera del acuerdo, la implantación del Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS)- una suerte de tribunal de arbitraje permanente- las posibilidades de demanda de las multinacionales a los Estados tendrán más posibilidades.

Las empresas mineras canadienses

Canadá es una potencia minera y las empresas mineras canadienses no gozan de buena fama. En el 2012, un 57% de las empresas mineras de todo el mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4.322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Desde entonces han sido protagonistas de informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina que han mostrado que las empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes estatales y apoyan la criminalización de la protesta social.

En Europa son seis ya los conflictos con mineras canadienses pendientes de resolución, según mostraba el informe La democracia en venta, firmado por 30 organizaciones civiles y medioambientales en relación con el CETA. Dalradian Resources planea la apertura de una mina de oro en Curraghinalt -Irlanda del Norte- ante la oposición de sus habitantes. First Quantum Minerals planea la extracción de níquel en la Laponia finlandesa, donde grupos ecologistas e indígenas han dado la voz de alarma por la contaminación de las aguas en una zona en la que la despoblación juega a favor de la minera. Dundee Precious Metals planea la apertura de una mina de oro y plata en Bulgaria, todavía sin permisos y también con oposición de las comunidades afectadas. ElDorado Gold ya explota la mina Old Olympia en la región de Halkidiki en Grecia, pese al esfuerzo inicial de los habitantes de la zona para evitar la explotación.

En el Estado español, a raíz de la fuerte oposición comunitaria por la destrucción ambiental, la contaminación del agua y la pérdida de medios de vida, el gobierno regional de Galiza suspendió temporalmente la explotación de una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto por parte de la compañía minera Edgewater. En octubre de 2015, la minera informó de que había presentado una demanda inversor-Estado en virtud del tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá, y con la entrada en vigor del CETA las posibilidades de prosperar esta demanda aumentan.

El caso más sangrante dentro de la UE pueden ser las minas de Rosia Montană en Rumanía. Gabriel Resources utilizó unos pactos sobre inversión de la década de 1990 para demandar a Rumanía. La resistencia de las comunidades supuso la suspensión del proyecto de mina de oro y plata que la compañía tenía prevista, cuando el anterior primer Ministro, Sorin Grindeanu, cedió a las reclamaciones medioambientales y de los habitantes de la zona y solicitó a la UNESCO el estatus de Patrimonio de la Humanidad para la “montaña roja”. En la actualidad su sucesor en el cargo, Mihai Tudose, planea pedir la revocación de la solicitud para la antigua ciudad minera de Rosia Montana, pues supondría que las importantes reservas de oro –las más grandes de Europa- ya no podrían ser explotadas.

Protestas contra la mina de oro de Rosia Montană.

Protestas contra la mina de oro de Rosia Montană.

Lejos de las contaminantes minas de metales preciosos el CETA abre la posibilidad de la entrada desde Canadá de mayor cantidad de petróleo procedente de arenas bituminosas, que requiere más energía que los convencionales para su extracción y procesado, resultando un combustible con un alto contenido en carbono, lo confronta directamente con las legislaciones estatales que tratan de reducir la huella de carbono.

Los servicios públicos menguantes

Pese a que desde Bruselas se defiende que los servicios públicos están garantizados tras la firma del CETA, la deriva de privatizaciones y externalizaciones de servicios hasta ahora prestados por los Estados europeos no permiten ser optimistas en este sentido.

Según denunciaba Ecologistas en Acción este miércoles, el CETA facilitará la privatización de los servicios públicos y dificultará las condiciones para la remunicipalización de servicios privatizados, gracias a la mayor implantación de mecanismos en defensa de las empresas.

En el mismo sentido se manifestaba ATTAC en marzo, previamente a la aprobación del Tratado por parte del Parlamento Europeo. “El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas, podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos”, recordaban desde esta organización.

De hecho, el CETA facilita a las multinacionales la posibilidad de pujar por los servicios públicos, en el marco de la externalización de servicios que se vive en el Estado español y en el resto de los Estados miembros de la UE, y no solo eso, si no que les permitirá a estas multinacionales disponer de una mayor protección ante la idea de posibles municipalizaciones o rescates estatales.

Protestas contra el CETA en Escocia.

Protestas contra el CETA en Escocia. Foto: Global Justice Now.

La locura financiera

Según denuncian desde la campaña No al TTIP, CETA y TiSA el capítulo sobre Servicios Financieros dará más derechos a los bancos y especuladores, impidiendo regulaciones urgentes en este sector, algo que podría provocar nuevos estallidos de burbujas especulativas como la inmobiliaria en el Estado español.

El sector de las finanzas y los seguros es de especial relevancia por un lado por el volumen de las inversiones –tan solo la Unión Europea invirtió 26.000 millones de dólares en 2015- y por otro porque se trata de un sector que conseguirá aún más derechos para interponer demandas de los que le garantiza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Esto apunta a un notable incremento del riesgo de que Canadá sea demandado por bancos, aseguradoras y sociedades de cartera sobre la base del CETA. Según el Informe La democracia en venta este no es un riesgo exiguo, pues los inversores especulativos, con la ayuda de los abogados especializados en inversiones, están utilizando cada vez más el arbitraje de inversiones para conseguir ganancias demandado a los Gobiernos que están atravesando crisis financieras.

Manifestaciones contra el TTIP y el CETA en Berlín. Foto: Foodwatch.

Manifestaciones contra el TTIP y el CETA en Berlín. Foto: Foodwatch.

Los y las trabajadoras más vulnerables y más pobres

En materia laboral con la firma del Tratado no se tomarán medidas para impedir las deslocalizaciones ni se podrán sancionar violaciones a las normativas laborales vigentes, así lo denunciaron diferentes sindicatos meses antes de la aprobación.

Según estos sindicatos el CETA traerá una caída de los salarios (rentas del trabajo) y de la calidad del empleo y un progresivo deterioro de la legislación de los derechos laborales y sindicales que protegen al trabajador, como la supresión de los convenios y de la capacidad de la negociación colectiva. Asimismo el derecho de huelga y la libertad sindical se verán seriamente amenazados.

Estos sindicatos criticaban el optimismo de Bruselas basándose en experiencias previas como el TLCAN que desde su aplicación han demostrado que las consecuencias de la liberalización regional del comercio han sido las contrarias a las prometidas. Pese a la promesa de la creación de 20 millones de empleos supuso la pérdida de un millón, la mayor parte en Estados Unidos como consecuencia de la deslocalización de empresas. Por el contrario, en México se deterioraron las condiciones de vida y trabajo y aumentó la pobreza.

21 septiembre, 2017

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @maconejos


Flickr
Twitter
Facebook

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR