Política

El Ayuntamiento de Zaragoza presenta en los juzgados la solicitud que deja en suspenso las inmatriculaciones

Los servicios jurídicos municipales han presentado una solicitud de conciliación con el arzobispado de Zaragoza para instar que las parroquias de la Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes, inmatriculadas por la Iglesia a su nombre, pasen a ser de titularidad pública
| 9 abril, 2017 11.04
El Ayuntamiento de Zaragoza presenta en los juzgados la solicitud que deja en suspenso las inmatriculaciones
Foto: Juanedc (CC)

El Gobierno de Zaragoza ha activado en los juzgados una acción dirigida a esclarecer frente al arzobispado de la ciudad la titularidad de las parroquias de la Magdalena, Santiago el Mayor y San Juan de los Panetes, inmatriculadas por la Iglesia a su nombre.

Según informa el consistorio, los servicios jurídicos municipales han presentado una solicitud de conciliación con el arzobispado de Zaragoza para instar que los referidos templos pasen a ser de titularidad pública.

Este acto de conciliación suspende el plazo de prescripción de dichos bienes, que en el caso de La Magdalena y Santiago el Mayor culminaba este sábado, mientras que el referido a La Seo lo hace el 4 de diciembre próximo y el de San Juan de los Panetes el 23 de enero de 2019.

Según informa el Consistorio, esta iniciativa se realiza en cumplimiento de lo acordado por el Gobierno de Zaragoza a fin de que “se reconozca que los citados bienes sean de dominio o titularidad pública, así como que la inmatriculación registral de los mismos es nula de pleno derecho por contravenir la legislación”.

“La defensa del interés general nos lleva a sostener que esos bienes, construidos y sostenidos por el pueblo, deben de ser reivindicados como bienes de todos”, afirma el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, en un artículo publicado este sábado en Heraldo.

“Lo que ha habido son una serie de inmatriculaciones en un proceso poco transparente por parte de la Iglesia y sin saber los títulos de propiedad que ha presentado. Lo que cuestionamos es el proceso y lo hacemos en defensa del interés general, que es nuestra obligación”, añade Santisteve, en una entrevista publicada por El Plural el jueves.

Para el alcade, “que no se haya abierto un debate en los últimos 40 años sobre la constitucionalidad de la ley hipotecaria franquista no quiere decir que ahora lo tengamos que dar por bueno”.

9 abril, 2017

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