El Ayuntamiento de Zaragoza aprueba una moción en apoyo de la contratación pública de empresas de economía social

Pablo Muñoz, Concejal de Urbanismo, ha señalado que la economía social tiene características que “la diferencian”, una toma de decisiones más democrática, su vinculación con el territorio, coloca a las personas en el centro de la gestión, redistribuye equitativamente sus beneficios y contrata a las personas más desfavorecidas

Ayuntamiento de Zaragoza. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Con los votos de PSOE, CHA, ZeC y Cs, el Pleno de Zaragoza ha aprobado una moción presentada por ZeC para apoyar, proteger y garantizar la contratación pública de empresas de Economía Social mediante la modificación de la Ley 3/2011 de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón y la revisión de la Ley de Contratos Públicos -aprobada ayer por el Congreso español- y se transponga el artículo 77 de la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, facultando a las administraciones públicas para que puedan reservar determinados contratos específicos (culturales, sociales y de salud) a las entidades recogidas de Economía Social que desarrollen su labor en el sector objeto del contrato.

Pablo Muñoz, Concejal de Urbanismo, ha explicado que la economía social (como sector que abarca a empresas de todos los tamaños, opera en todos los sectores productivos y adopta formas jurídicas de Cooperativas, Empresas de Inserción o Centros Especiales de Empleo entre otras) supone en el Estado español “el 10% del PIB y el 12,5% del empleo con 2,2 millones de empleos directos e indirectos”

Muñoz ha señalado que la economía social tiene características que “la diferencian”, una toma de decisiones más democrática, su vinculación con el territorio, coloca a las personas en el centro de la gestión, redistribuye equitativamente sus beneficios y contrata a las personas más desfavorecidas.

La moción presentada por la formación municipalista recoge además los datos del estudio de FUNCAS denominado "Tercer Sector", que atribuye a la economía social el carácter de "contra-cíclico y anticrisis". En el periodo 2003 -2010 mientras no dejaba de destruirse empleo en la economía europea, en este sector se incrementó en un 26,8 % en toda Europa.

En el Estado español durante la crisis, también la destrucción de empleo en la economía social fue notoriamente inferior e inició la creación de empleo con antelación a la economía convencional. Es decir, la economía social no solo es una salida real a la crisis económica, sino una forma de prevenir otras.

Sin embargo, la iniciativa expone datos en los que la economía social queda injustamente tratada por las administraciones públicas cuando se analiza el volumen de contratación pública al que acceden. Según el Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI) de la UPV, la economía social había resultado adjudicataria del 1,90 % de los importes totales de los contratos públicos en 2010-2012, y del 2,40 % en el periodo 2011-2013, una infrarrepresentación con un porcentaje de contratos públicos adjudicados a entidades de economía social irrisoria en relación con su peso real en el PIB y en la creación de empleo.

Para ZeC, debe mejorarse e incrementarse la adjudicación de contratos a la economía social mediante un sistema legal y que funciona: la reserva de contratos a entidades de economía social facultándose de manera expresa a las administraciones para que puedan utilizar la reserva de todo tipo de contratos a unos Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción que operan en muy diferentes sectores de actividad (incluidas obras o servicios tecnológicos) con plena capacidad técnica y productiva y absolutas competencias.

Muñoz ha asegurado que “restringir el libre mercado y valorar la labor de la economía social es parte de la manera de Zaragoza en Común de entender la economía”.

El portavoz de CHA, Carmelo Asensio, ha mostrado su apoyo a esta iniciativa, valorando “el papel que deben jugar las empresas de Economía Social en la contratación pública”.

También el PSOE se ha posicionado a favor de la moción. La concejala Lola Campos ha señalado el papel del Gobierno de Aragón con el anteproyecto de ley de contratos del sector público, anunciado el pasado 28 de abril en una jornada de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) por el director general de Contratación, Patrimonio y Organización del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal.

Sara Fernández (Ciudadanos) ha manifestado igualmente la intención de voto favorable de su grupo a la propuesta, valorando que la contratación pública es un “debate necesario”.

María Jesús Martínez del Campo (PP) ha explicado la abstención de su grupo, ya que tras la aprobación de la Ley de Contratación Pública de ayer 27 de julio en el Congreso, esta moción es “de cara a la galería de las empresas de economía social y su propio electorado”.

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