Desde hace unas semanas, vuelve a planear sobre Zaragoza la creación de un censo de ADN canino que, inicialmente, penalizaría por igual a los propietarios de perros que cumplen y a los que no, a los cívicos y a los incívicos, siendo una suerte de censo de “presuntos culpables” que criminalizaría y gravaría de la misma manera la tenencia responsable de animales y la irresponsable, lo que supone un auténtico desvarío.
Según el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, en su “Informe en el que se recoge la opinión del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid en relación con el establecimiento de un sistema de identificación animal mediante ADN y la creación de censos caninos municipales a través del ADN”, la identificación canina a través del ADN no es conveniente ni necesaria e incluso la creación de censos caninos a través del ADN podría malograr los éxitos alcanzados con el sistema vigente de identificación animal, como son la facilidad de localización de los animales extraviados, la gran ayuda que supone en los casos de robo, la inmediatez en la identificación del perro, la facilidad de certificación de tratamientos sanitarios y, con ello, la sencillez documental ante viajes e incluso como herramienta en la lucha contra el abandono, tal y cómo se detalla en dicho informe (Véase el informe completo en el siguiente enlace).
No es difícil suponer que aquellos ciudadanos que no recogen los excrementos suelen ser los mismos que incumplen las normas y que, seguramente, ni siquiera tendrán a sus perros identificados con chip, con lo que esta medida será financiada por los dueños responsables, que tendrán que pagar el análisis para registrarse, y por el resto de la ciudadanía ante la imposibilidad de identificar a los infractores, bien porque no estén censados, bien porque no se pueda demostrar que ha sido el dueño y no otro el que ha dejado allí las heces o bien porque, y esto es lo más probable, sea imposible extraer una cadena de ADN completa de una muestra que pueda servir para poder sancionar, porque se hallará probablemente contaminada con otros ADN o degradada por estar en un lugar expuesto. Queda así demostrada la inutilidad de la medida.
En un momento en el que ciudades como Valencia (una de las llamadas “ciudades del cambio”), Logroño, o Ciudad Real han decidido no aprobar esta medida, no sólo por su inefectividad e injusticia, sino también porque perjudica a los perros deshaciendo gran parte del camino recorrido hacia la concienciación y la empatía para evitar maltratos y abandonos, y para promocionar adopciones y acogidas, no se entiende que una ciudad que, como verdadera ciudad “del cambio”, debería ser referente en el campo de la protección animal, intente aprobar una medida que, tras la excusa de esa misma protección animal, penalice a los ciudadanos que precisamente los identificamos con el chip (que es una medida menos costosa y rápida para identificar animales en caso de robo, pérdida o fallecimiento), que los tenemos al día en vacunas y tratamientos, y que los protegemos y cuidamos. En el fondo es una excusa maquillada de falso proteccionismo y cuyo único objetivo es claramente recaudatorio.
