La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien el fin de semana fue el blanco de protestas que atrajeron a más de un millón de personas a las calles en todo el país, dijo el lunes que en una democracia "las urnas y la voz de las calles son respetadas".
"La ausencia de incidentes violentos en las protestas son prueba inequívoca de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de los demás, convive pacíficamente con manifestaciones", dijo durante la ceremonia de firma de un proyecto de ley para reformar el procedimiento judicial civil.
En ese mismo sentido, Rousseff ha garantizado que, a diferencia de otros períodos en que el país fue gobernado por dictaduras, "nunca más en Brasil habrá que observar que las personas que expresan su opinión, aunque sea en contra del presidente de la república, vayan a sufrir las consecuencias".
Las manifestaciones del domingo fueron convocadas por grupos de la oposición para protestar por la situación económica del país y los escándalos de corrupción dentro de la empresa petrolera estatal Petrobras, aunque sectores minoritarios llegaron a exigir la destitución de Rousseff y hasta una "intervención militar".
En respuesta a esto, Rousseff reiteró que esta semana se presentará un nuevo paquete de medidas para reforzar la lucha contra la corrupción. En cuanto a las quejas de las y los manifestantes sobre la situación económica del país, Rousseff dijo que su gobierno se ha visto "obligado" a reducir los subsidios y aumentar los impuestos a causa del "impacto de la crisis global".
"Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el gobierno logró evitar sus efectos más perversos, como el desempleo o la reducción de los derechos y de ingresos", dijo la mandataria brasileña.
Rousseff apuntó que mientras en Europa la crisis "llevó al desempleo de más de 60 millones de personas y una amplia pérdida de oportunidades", la inversión de Brasil se fortaleció con la mirada puesta en mantener acelerada la economía.
Sin embargo, admitió que "ese camino llegó a su fin" y que ahora "hay que tomar otro rumbo para garantizar el empleo y el crecimiento", lo que significa que debe haber "algunos ajustes y correcciones".
Rousseff subrayó que a pesar de que este ajuste fiscal podría reducir las actividades de la banca pública en la economía, no se modificarán los programas sociales dirigidos a las personas más pobres.
