Hoy martes es el tercer día que ella lleva sin luz en su casa. En pleno invierno. Una mujer sola, de casi 70 años, sin recursos económicos ni familiares: sin luz, sin agua caliente, sin poder cocinar, sin calefacción...
El domingo a mediodía me llamaron para informarme de que le habían cortado el suministro eléctrico a ella, que es una persona calificada como vulnerable por los servicios sociales, situación de la que se había informado a la empresa comercializadora eléctrica hace meses.
Aunque pueda parecerlo, no ha sido por impago de las facturas. A pesar de sus muchas dificultades, ella lleva varios meses pagando todas las facturas de luz de un contrato que, lamentablemente, no estaba a su nombre. Pero el 22 de diciembre, alguien se personó en una oficina de Endesa para dar de baja el contrato de suministro en el que no aparece ella como titular, sino su compañero fallecido el pasado mes de agosto.
En la mañana del 24 de diciembre, domingo, con dos días festivos por delante, se procedió a cortar el suministro eléctrico de la vivienda donde ella vive, dejando sin luz, sin preaviso de ningún tipo, una vivienda ocupada por una persona con graves problemas de movilidad, sin red familiar ni social y con una alta dependencia.
A 26 de diciembre, después de tres días de llamadas telefónicas por parte de los servicios sociales y mías, como alcaldesa del Ayuntamiento de Pina de Ebro, además de por la propia titular, ha sido imposible restaurar este suministro, alegando además la empresa que tienen de tiempo siete días para formalizar la nueva alta. Porque, finalmente, ella va a tener que hacer un nuevo contrato con el pago del enganche correspondiente sólo porque alguien que no vive allí ni paga las facturas fue a dar de baja un servicio y la empresa no comprobó ni notificó nada.
La empresa reconoce que el procedimiento habitual antes de un corte de suministro es notificarlo por escrito y con acuse de recibo, cosa que no ha hecho en este caso, ya que insiste en diferenciar el corte de suministro de la formalización de una solicitud de baja. A mí lo que me parece es que a ella, sin preguntarle, le han dejado varios días con temperaturas bajo cero viviendo en una casa sin un servicio básico e imprescindible para vivir con una mínima dignidad.
Y pienso en que cualquiera que viva en una casa compartida -con su pareja o en un piso de estudiantes o con un compañero de trabajo- puede encontrarse en esta situación, varios días sin luz, si el titular de un contrato, o heredero de un titular fallecido, solicita la baja aunque haya gente viviendo en esa casa, aunque las facturas se paguen y sin preguntar a esa gente si quiere modificar el titular.
Como clientes de estas empresas quizás deberíamos exigirles algo más, porque puede que el procedimiento sea legal, pero ¿es ético? ¿En manos de qué clase de empresas están nuestros servicios básicos?
