Altavoz

Con la Iglesia poca broma

| 19 abril, 2017 17.04

El pasado 12 de abril el grupo de Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza presentó una moción para su debate en el Pleno ordinario que celebrará el consistorio el próximo 28 de abril.

La moción está enfocada a impedir la actuación del equipo de Gobierno Municipal para intentar deshacer una tropelía cometida por el Arzobispado de Zaragoza siendo su titular Monseñor Elías Yanes.

¿Cuál fue la actuación del titular de la diócesis zaragozana? Pues en este punto nos vemos obligados a hacer un poquito de pedagogía.

Existe en términos jurídicos de la ley hipotecaria una figura que se denomina INMATRICULACION y nos preguntamos ¿Eso qué es? Pues sencillamente consiste en la inscripción de un bien en el Registro de la propiedad por PRIMERA vez ¿Con esta figura qué se consigue? Simple y llanamente atribuirse la plena propiedad de un bien que no FIGURABA en el Registro de la Propiedad a nombre de nadie.

¿Cómo se lleva a cabo esta INMATRICULACION? El trámite se realiza con la presentación de documento certificado por fedatario público en el cual se reconozca la titularidad de ese bien, es decir: un notario documenta que el bien pertenece a alguien mediante escritura o título de propiedad y este documento es el que se inscribe en el Registro de la Propiedad.

Hasta aquí llevamos un proceso técnico de cómo se hace la operación, ahora un poco de historia.

Corría el año 1946 cuando un individuo llamado Francisco Franco, entre otras cosas reo del delito de rebelión militar, perjuro  y sedicioso, se hizo con el poder tras un sangriento golpe de estado. La asonada militar desembocó en una cruel guerra y a la conclusión de la misma decidió otorgar a una parte de sus más fervorosos seguidores –La Iglesia Católica española– la potestad de atribuirse la propiedad de un bien con la única certificación de propiedad expedida por el Obispo de turno.

Así, de esta sencilla forma, pasaron a manos de la Iglesia Católica huertos del cura, casas del párroco, fincas, caseríos, incluso caminos, montes, pinares, viñedos y frontones que hasta entonces, aún estando a disposición de los clérigos de turno, seguían siendo propiedad de la comunidad que, en algunos de los casos, los había cedido en uso.

El dictador puso una salvedad: no se podían inmatricular los bienes de culto, estos lugares seguirían perteneciendo al Estado.

En 1978 la componenda Constitucional no repara en tan inaudita ley y los sucesivos gobiernos de UCD, PSOE y PP no la derogan y fulminan. Para colmo en 1998 un ataque de misticismo lleva a José María Aznar a ampliar la ley de Franco y concede la prerrogativa de incluir en el proceso a los lugares de culto.

La carrera que se emprende a partir de ese momento es desaforada, cientos de miles de edificaciones del patrimonio Histórico-Artístico-Cultural son expoliados a favor de la Iglesia Católica con el simple gesto de decir el Obispo  correspondiente  que el edificio es suyo.

Pero, fíjate por donde,  encontramos algunos casos en los que habían emprendido la carrera antes de que Aznar diera el pistoletazo de salida y así en la década de los 80 en la muy noble y leal ciudad de Zaragoza a monseñor Elías Yanes le entra cólico de ansia e inscribe como suyas La Catedral de la Seo, las iglesias de La Magdalena, San Juan de los Panetes , Santiago el Mayor… y las que no conocemos.

¡Chúpate esa!

Con la actuación de Monseñor Elías constatamos la impunidad de la Curia. Ni siquiera necesitó la utilización de una ley que ya ha reprobado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dictámenes que deberían sonrojar a los tribunales españoles; Yanes realizó un flagrante fraude de ley con la usurpación de bienes de culto fuera de fecha.

Hasta aquí los hechos, ahora las reacciones de los personajes:

Javier Lambán – fiel a su papel de mascota – baila cuando los prelados tocan el tambor y en comparecencia institucional manifiesta que NO va a defender a  los aragoneses del saqueo producido desde los púlpitos.

Con semejante declaración de intenciones el Grupo Popular del Ayuntamiento aprovecha la ocasión y argumenta contra la iniciativa del alcalde, cuando lo que intenta ZEC es reparar el fraude de ley cometido. Para ello Azcón (firmante de la moción) atribuye a la iniciativa anticlericlarismo y radicalidad. Como no podía ser de otra forma, los populares  buscan el apoyo de asociaciones “transmófobas” como “Hazte Oír”, seguramente el soporte económico de la CAI, el poderío del OPUS DEI  y para el adoctrinamiento utiliza el altavoz del Heraldo.

Para entender su argumentario:

Si el ladrón es cargo político del PP el denunciante es un antisistema, si el ladrón es un banquero el denunciante es un radical bolivariano y si el delincuente es un Obispo el denunciante se convierte en un peligroso anti religioso.

Si nada lo remedia la moción saldrá adelante con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE, que una fiscalía en franca politización actúe de oficio ante un delito eclesiástico es una vana ilusión. Es probable que la solución tenga que venir de Europa salvo que Podemos, IU y Chunta le tuerzan la mano a Lambán en la DGA y le obliguen a rectificar y cumplir con los deberes de su cargo.

Con la Iglesia Católica española sucede lo mismo que con el colesterol por encima de 200 ¡Poca broma!

19 abril, 2017

Autor/Autora

José Antonio Luque, es socio de MHUEL (@MHUEL_), analista social y colaborador de AraInfo.


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