Comienza en Honduras el juicio por el asesinato de la activista Berta Cáceres

Este lunes da inicio en Tegucigalpa el juicio por el asesinato de la activista indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada a tiros el 3 de marzo de 2016 en su casa, en la ciudad de La Esperanza, al oeste del país. El juicio contra las ocho personas implicadas en el asesinato durará hasta el 19 de octubre.

La activista Berta Cáceres fue asesinada en su casa la noche del 3 de marzo de 2016.

Entre los ocho detenidos, acusados por la Fiscalía del asesinato de Berta Cáceres y de asesinato en grado de tentativa del activista mexicano Gustavo Castro -único téstigo del crimen de Cáceres-, hay sicarios, militares y representantes de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa que estaba a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al que la líder indígena se opuso firmemente.

Los detenidos vinculados a DESA son Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo. El primero era el gerente de asuntos comunitarios y ambientales de la empresa en el momento del asesinato de la activista. El segundo fue jefe de seguridad de la compañía entre 2013 y 2015. Antes de su muerte, Cáceres había denunciado ante la Justicia y organismos de seguridad haber recibido amenazas por parte de Rodríguez y Bustillo.

En marzo de este año, fue detenido el presidente ejecutivo de DESA, Roberto Castillo, quien se enfrentará a un juicio por separado. Castillo está acusado de ser el autor intelectual del crimen.

A pesar del inicio del juicio formal, familiares de Berta Cáceres han señalado que hay más personas involucradas en el asesinato y que las autoridades no amplían la investigación porque se trata de altos cargos de la empresa e incluso del gobierno hondureño.

No obstante, Berta Zúñiga, hija de la víctima, espera que los autores materiales sean condenados para así dar con los responsables intelectuales del asesinato de la líder indígena.

Ante la denuncia de irregularidades en el proceso por parte de la familia Cáceres, el juicio será observado de cerca por una comisión de expertos en derechos humanos integrada por representantes de ocho países.

En un comunicado, Greenpeace recuerda que el asesinato de Berta Cáceres se produjo en Honduras como consecuencia de su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque, aprobado en 2013 y que atenta contra la supervivencia de la comunidad indígena Lenca, a la que Berta pertenecía. Ella y la organización que coordinaba (COPINH, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fueron sus principales opositores.

“Reclamamos justicia para Berta, y una sentencia que contemple todo el proceso de criminalización por parte de quienes planificaron y ordenaron el asesinato, que aún están libres. Berta fue un ejemplo para todos los que trabajamos para cuidar el planeta. Su lucha es la guía de muchos activistas que continúan denunciando los delitos ambientales en el mundo”, dijo Leonel Mingo, miembro del área de campañas de Greenpeace Andino.

Tras el arresto de los sicarios, en noviembre de 2017 el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) hizo público un informe donde relataba los resultados del análisis de los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, imágenes y otras pruebas en los teléfonos de las personas imputadas.

El informe concluía que la planificación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Cáceres había comenzado ya en noviembre de 2015. Además, el análisis de GAIPE concluye que tanto la empresa de seguridad de la compañía constructora del proyecto (DESA, Desarrollos Energéticos S.A.), como las autoridades hondureñas y las entidades financiadoras jugaron un papel en la trama que acabó con su vida.

El pasado julio Global Witness presentó su informe anual “¿A qué precio?”, que recoge el asesinato durante 2017 de, al menos, 207 personas en todo el mundo por defender los derechos humanos, su tierra y el medioambiente.

Durante el año pasado aumentaron significativamente los asesinatos relacionados con la agricultura y el acaparamiento de tierras para cultivos como el aceite de palma, destinados al comercio de productos de consumo y uso diario. Según la organización, la cifra real de asesinatos es seguramente mayor.

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