Altavoz

Cinismo del ministro de Educación

Las oposiciones, convocadas al amparo del Acuerdo de Mejora del Empleo de 29 de Marzo de 2017 – suscrito por el ministro Montoro y tres organizaciones sindicales-, serán eliminatorias. Lo serán así por voluntad política del Partido Popular, no por imperativo legal de nuestra Constitución. Este 20 de diciembre, el ministro impuso su voluntad desoyendo a...
| 22 diciembre, 2017 07.12

Las oposiciones, convocadas al amparo del Acuerdo de Mejora del Empleo de 29 de Marzo de 2017 – suscrito por el ministro Montoro y tres organizaciones sindicales-, serán eliminatorias. Lo serán así por voluntad política del Partido Popular, no por imperativo legal de nuestra Constitución. Este 20 de diciembre, el ministro impuso su voluntad desoyendo a buena parte de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, como antes lo había hecho a los sindicatos en la Mesa Sectorial.

Ese “Acuerdo de Mejora del Empleo” en realidad lo que esconde es un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el sector público, permitiendo la entrada de la reforma laboral de 2012 en el mismo. El objetivo es por un lado dar por buenos los recortes,  al no tomar en consideración la plantilla previa a los mismos sino la actual, y por otro rejuvenecer la misma, como suele pasar en las empresas privadas, al objeto de pagar menos pluses de antigüedad (en nuestro caso trienios y sexenios), además de tener en nómina a personas más jóvenes y por ello con menos responsabilidades familiares y con menos bajas médicas.

La Unión Europea (UE), exige más recortes para que el Estado español pueda hacer frente al pago de los créditos por valor de 100.000 millones de euros que la UE le concedió como consecuencia del “rescate bancario” de junio de 2012, y ello implica recortar un 0,2 del Producto Interior Bruto (PIB) en Educación, pasando de invertir en 2017 el 4 % de la riqueza  a solo el 3,8 % en 2018, cuando la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) recomienda invertir al menos un 6 % en educación, y los países con mejores estándares en educación están sobre el 7 %.

Facilitar que los interinos con más edad se queden trabajando, mediante pruebas no eliminatorias o el acceso diferenciado, implica asumir más gastos que rejuvenecer la plantilla. En consecuencia lo mejor es culpar–por ejemplo en el Congreso durante la negociación del “Pacto por la Educación”- al profesorado de todos los males de la enseñanza, y esconder que cada vez se invierte menos en la misma.

Desde STEA-Intersindical hablamos de cinismo del Ministerio cuando pone en tela de juicio la legalidad de las pruebas no eliminatorias, hablando de los principios constitucionales para acceder a la función pública de mérito, igualdad y capacidad, y de lo dispuesto en el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Respecto a esos principios constitucionales la experiencia como mérito puede ponderarse más o menos, según el color político del partido gobernante, o la capacidad darse por demostrada en quienes lleven un número de años a convenir trabajados sin haber sido nunca expedientados, ese tipo de lecturas diferentes ya se han dado.

En relación al artículo 61.6 del EBEP (publicado en el BOE Nº 261 el 31/10/2015)  en la nota de prensa emitida ayer por el Ministerio, se hace una lectura sesgada del mismo, al no reproducirlo en su integridad. En su segundo párrafo dicho artículo establece literalmente “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Hasta esa posibilidad está contemplada, así que no digamos el carácter no eliminatorio de las pruebas.

Según el Acuerdo del 29 de Marzo los próximos procesos de oposiciones tienen un carácter extraordinario o excepcional por el volumen de plazas a oposición, en consecuencia podrían arbitrarse perfectamente medidas como las expuestas.

Conviene recordar que desde la transición a nuestros días se han dado cuatro ocasiones donde se han dado procesos excepcionales, en 1977, antes de la aprobación de la Constitución, en tres ocasiones posteriores a su aprobación en 1978, el último de ellos en las oposiciones habidas entre 2008 y 2011. En consecuencia exigimos que el ministro D. Íñigo Méndez de Vigo  sea valiente y asuma que es una decisión política la que lleva a que las pruebas sean eliminatorias y no se escude en que la legalidad no lo permite. Y está legitimado para ello, es el ministro de educación por haberlo decidido el presidente del gobierno, que a su vez lo es gracias a que el Congreso de los diputados lo envistió como tal. Pero que no tire la piedra y esconda la mano.

Terminamos lanzándole una pregunta al Sr. Méndez: ¿el profesorado de religión y de los centros privados concertados a que procesos de mérito, capacidad e igualdad se han sometido para ocupar un puesto de trabajo cuya nómina sale de las arcas públicas?

22 diciembre, 2017

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