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Cifras para ocultar carencias institucionales con las personas refugiadas en Aragón

Problemas con las becas de comedor y de los libros; acudir al médico; el aprendizaje del lenguaje; no recibir formación para integrarse en el mercado laboral; buscar piso y la más importante, no recibir ayuda psicológica, entre otras, son cuestiones que estas personas sufren de manera cotidiana y que las instituciones en Aragón no ven, o no quieren ver y no consiguen solucionar, aunque luego presuman de ello con cifras.
| 2 febrero, 2018 07.02
Cifras para ocultar carencias institucionales con las personas refugiadas en Aragón
Refugiados afganos del campo de Eidomeni obligados a subir a un autobús con dirección Atenas. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Por norma general, cuando una institución ofrece datos de algún tipo o en alguna materia, su única pretensión es convencer con estos mismos a la opinión pública. Bien sea para ofrecer la imagen de que se están haciendo bien las cosas o porque de vez en cuando es positivo lanzar dichas cifras para acallar la “voz de la calle”. Al mismo tiempo esas cifras no valen para otra cosa, más que para formar parte de las estadísticas. O lo que es lo mismo, para esconder las carencias que existen detrás de una realidad, la cual en ocasiones se niegan a mostrar.

Este es el caso, por poner un ejemplo, de las personas refugiadas que desde el año 2015 llegan a Aragón. Sin ir más lejos, este pasado miércoles el Ejecutivo aragonés hacía pública la cifra de estas personas que huyen de sus países por distintos motivos –normalmente para salvar la vida- y que han llegado a “nuestro” territorio. “El programa de acogida e integración para solicitantes y personas beneficiarias de protección internacional ha propiciado la llegada a Aragón de 709 refugiados desde su puesta en marcha a finales de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017”, explicaba la nota.

A continuación, con el objetivo de “profundizar” más en el asunto, se recogían las declaraciones de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en las que aseguraba que el Ejecutivo aragonés ponía a disposición de estas personas una serie de servicios como son de ámbito educativo, sanitario, social, etcétera. Palabras y más palabras. Hechos, pocos. ¿Por qué digo esto? Porque es fácil rebatir todas estas cuestiones y desenmascarar la realidad cuando te cuentan de primera mano lo que hay realmente detrás de esta situación. Situación que en algunos momentos se vuelve insostenible para estas personas.

Para dar prueba de estas cuestiones, Ruth, que forma parte del Grupo de Ayuda a Personas Refugiadas en Zaragoza, explicaba a este medio de comunicación cómo de manera sistemática muchas de las labores que tienen que realizar tanto el Gobierno de Aragón como las “entidades colaboradoras”, las llevan a cabo desde este grupo formado por ciudadanos y ciudadanas del ámbito civil. Con la certeza de que como solo pueden hacerlo con las 70 u 80 personas con las que están en contacto, el resto probablemente no estén bien atendidas.

Problemas con las becas de comedor y de los libros; acudir al médico; el aprendizaje del lenguaje; no recibir formación para integrarse en el mercado laboral; buscar piso y la más importante, no recibir ayuda psicológica, entre otras, son cuestiones que, según nos cuenta Ruth, estas personas sufren de manera cotidiana y que las instituciones en Aragón no ven, o no quieren ver y no consiguen solucionar, aunque luego presuman de ello con cifras.

“En la fase cuatro por ejemplo, a un chico le dan 150 euros para pagar una habitación que se tiene que buscar él, y claro, si apenas han dado clases de español, si no le dan formación para trabajar… pueden estar eternamente dándole ayudas míseras pero realmente no se le está preparando para entrar en el mercado laboral”, apunta. Esto significa una total y absoluta dependencia de dichas ayudas, y al mismo tiempo genera una incertidumbre tal, que dado el estado emocional en el que se encuentran estas personas y tras haber pasado por multitud de calamidades, a lo único que contribuye es a agudizar todavía más un estado de ansiedad constante.

Por ejemplo, “muchas veces las clases de español las dan personas voluntarias, no profesorado titulado”. En cuanto a los servicios sociales, “no están preparados para esto”. Ruth afirma que es otra de las cuestiones que con las que se encuentran habitualmente. “Ha habido a varias personas que las han echado del programa de acogida y somos nosotros, voluntariamente, las que les hemos acompañado para que un o una asistente social los reciba, para que les den una tarjeta con la que poder comprar comida, para que les paguen el alquiler de una habitación temporalmente, ya que no te garantizan que todos los meses les vaya a llegar la ayuda económica…”, subraya. “No es cierto que existan unos servicios sociales donde alguien les acompañe de la ONG o se prepare a una persona para esta cuestión. No. No están informados de las ayudas que les corresponden y están totalmente perdidas”, aclara.

Refugiados afganos en Idomeni. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Refugiados afganos en Idomeni. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Respecto al ámbito educativo, Ruth recuerda que muchas veces “les deniegan las becas porque las entidades las han presentado fuera de plazo y no hay nadie que les diga cómo y cuándo tienen que presentar la documentación”, asevera. “También hay niños y niñas –en los colegios- que se han pasado casi dos trimestres sin libros porque la ‘entidad’ no ha solicitado la beca y no los ha querido comprar, habiendo una partida presupuestaria para eso”, recalca. “Recuerdo que cuando nos hicimos eco de este problema en nuestra página de Facebook hubo un trabajador del Consistorio que se ofreció a pagar los libros de un chico con su propio dinero. Un gesto aparentemente solidario que en realidad no iba sino a tapar de manera corporativa a la entidad, demostrando así lo mal que funciona este Área”, lamenta.

“De nada sirve –añade- que tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza sigan aumentando fases y dando ayudas eternamente porque una acogida no sólo es que estén aquí, tienen muchas necesidades y problemas psicológicos que nadie está atendiendo”, y añade que en varias ocasiones y desde el inicio del grupo hace dos años, han intentado reunirse con el alcalde y la vicealcaldesa para informarles de estas y otras cuestiones “pero no nos han recibido”.

Desde el Grupo de Ayuda a Personas Refugiadas han realizado, entre otras muchas funciones, la organización de cursos de formación gratuitos (manipulador de alimentos, carretillero, carné de aplicador de productos fitosanitarios, por ejemplo) que están teniendo una gran acogida. Han impulsado la creación de la asociación Arabgon, cuyo objetivo es el autoempleo, y también un grupo de apoyo a mujeres refugiadas.

Este es otro de los aspectos de los cuales, en principio, se deberían de encargar tanto las instituciones como las distintas ONG’s o entidades colaboradoras. “Y no lo hacen, pero ellas reciben las ayudas”, matiza Ruth. “No es solo darles comida y un techo temporal porque eso se acaba, y de ayudas no se puede vivir. Tienen que aprender un idioma, encontrar una casa, un trabajo, y salir adelante, para poder seguir con su vida, con lo difícil que es adaptarse lejos de su tierra. Y en eso no se les está ayudando para nada”, insiste. “Nos preocupa mucho por la aplicación del protocolo donde van dirigidos los recursos y fondos, ya que su aplicación es muy precaria y hay para ello destinados muchos millones”, subraya.

Estas críticas van dirigidas fundamentalmente a las principales a las entidades colaboradoras y que están subvencionadas por el Gobierno español y fondos europeos, pero sin olvidar, por supuesto también a las diferentes instituciones del territorio, por no hacer un seguimiento estricto y real de la aplicación del protocolo y una auditoría de los recursos.

Por poner solamente un ejemplo. Esta persona que escribe, solicitó en marzo de 2016 el balance de cuentas de una de estas organizaciones “sin ánimo de lucro de ámbito estatal cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales, la atención y el acompañamiento a las personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social”.

Pues bien, aunque cierto es que se comprometieron a enviarme dicho balance en junio de 2016, y siendo la transparencia uno de sus “principios”, a día de hoy todavía sigo esperando. Y no es un asunto baladí, puesto que dicha organización gestionaba, entre ayudas estatales, territoriales y locales, además de privadas, 18 millones de euros durante el año 2015. Todo ello justo en el momento en que comenzó la crisis migratoria, por lo que entiendo que esta cantidad se habrá visto aumentada considerablemente. No obstante, tal y como decía la canción: seguiré esperando.

2 febrero, 2018

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @mr_belbedere


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