Política

Chunta Aragonesista exige que el próximo contrato de servicio público con Renfe incluya todos los servicios declarados obligatorios

Briz ha señalado que el problema arrancó en diciembre de 2012, cuando el Gobierno español planteó un recorte del servicio público ferroviario relacionado con la “privatización" del mismo, de forma que Aragón tendría que pagar por los servicios que no fueran obligatorios a través de un contrato
| 9 junio, 2018 10.06
Chunta Aragonesista exige que el próximo contrato de servicio público con Renfe incluya todos los servicios declarados obligatorios
Foto: fui:-) (CC)

El diputado territorial de Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, ha exigido este viernes que el futuro contrato de servicio público que firme el Gobierno de Aragón con Renfe Viajeros incluya “todos y cada uno” de los servicios declarados Obligación de Servicio Público que afecten a Aragón. Para ello defenderá una Proposición No de Ley (PNL) en la sesión plenaria de las Cortes la semana próxima.

En su iniciativa, Briz alude a las relaciones Zaragoza-Arcos de Xalón; Zaragoza-Chaca-Canfranc; Zaragoza-Casp; Zaragoza-Monzón-Lleida; y Zaragoza-Teruel-València y, en particular, todas las circulaciones de los siguientes servicios: Zaragoza-Lleida, Zaragoza-Teruel-Caudiel, Casp-Fayón, Zaragoza-Calatayú-Ariza y Uesca-Chaca.

El diputado aragonesista ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha resaltado la oportunidad de aprobar esta iniciativa ahora, tras la moción de censura y la constitución del nuevo Gobierno español de Pedro Sánchez. “Quizá tenga todavía más sentido”, ha opinado, considerando que el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “debe tener una mayor sensibilidad con las infraestructuras ferroviarias” por la importancia del ferrocarril de media distancia en su territorio, el País Valencià.

Briz ha señalado que el problema arrancó en diciembre de 2012, cuando el Gobierno español planteó un recorte del servicio público ferroviario relacionado con la “privatización” del mismo, de forma que Aragón tendría que pagar por los servicios que no fueran obligatorios a través de un contrato, que el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se negó a prorrogar, abriendo una negociación por el precio “muy alto” para una calidad “muy baja” y por ser “siempre” el Gobierno territorial el “pagafantas”.

Tras una moratoria en 2016 y 2017 a la espera de un acuerdo definitivo, el 15 de diciembre del año pasado el Gobierno español anunció un nuevo acuerdo, el mismo de 2014. Al respecto, Briz ha planteado que las relaciones mencionadas se incluyan como obligaciones de servicio público dentro de lo que el Gobierno territorial está pagando.

9 junio, 2018

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