CHA presentará mociones de apoyo al modelo comarcal

Chunta Aragonesista (CHA) va a presentar en los ayuntamientos y comarcas en los que tiene representación una moción de respaldo al modelo de organización comarcal, "como garante de la prestación de servicios a todos los y las aragonesas en la mayor igualdad posible de condiciones"

El Secretario de Política Local de CHA, Miguel Jaime, señala que "después de estos años de funcionamiento, el modelo comarcal no ha fracasado como dijo el Presidente de Aragón hace unos días, sino que las comarcas han demostrado que son la organización más adecuada a la realidad demográfica y territorial aragonesa, para completar las carencias municipales y para la mejor organización de muchos servicios, por cercanía y por adaptación a cada territorio".

Pese a ello, Jaime apunta que "el modelo comarcal se puede revisar y modernizar, y por ello solicitamos también en la moción algo que firmamos con el PSOE en el acuerdo de investidura de esta legislatura, como es el proceder a la evaluación del modelo comarcal a través de un amplio proceso participativo, en el que se vea si se han originado desigualdades en los servicios que presta cada comarca, si podemos seguir asumiendo más competencias, o donde se pueda cambiar el sistema de elección de consejeros".

La moción también incluye el instar al Gobierno de Aragón a garantizar la financiación suficiente a las comarcas para su correcto funcionamiento y consiguiente prestación de servicios de calidad a sus habitantes.

Miguel Jaime recuerda que todo el proceso de comarcalización se desarrolló por consenso de todos los grupos políticos "porque todos éramos conscientes de que en un territorio como el aragonés, tan marcado por la dispersión y la despoblación, había que crear una nueva organización territorial que contribuyese a vertebrar el territorio, a impulsar el desarrollo rural y a mejorar los servicios sociales".

Finalmente, el Secretario de Política Local de CHA indica que "si hay que reformar la arquitectura institucional", se haga contando con la opinión de los municipios y no de manera unilateral, "como ocurrió con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que acabó en el Constitucional recurrida por casi 3.000 ayuntamientos".

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