CHA lleva al Senado la reversión de los saltos hidroeléctricos de Urdiceto y Barrosa

Consideran que “la política del MAPAMA de sacar a subasta de forma general todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, sin compensar a los municipios que soportamos la servidumbre del uso de nuestro territorio y nuestros recursos, es colonialismo económico [...]"

Central de Urdiceto.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) firmó hace unos días el acta de entrega de las centrales hidroeléctricas de Urdiceto y Barrosa, situadas en el término municipal de Bielsa en la Comarca del Sobrarbe, con una potencia de generación de 7,2 y 3,6 megavatios respectivamente. La CHE gestionará de manera temporal estos aprovechamientos hasta que se promueva el concurso público para su adjudicación, algo que viene expresamente recogido en la resolución ministerial.

El senador Carles Mulet, a instancia de CHA, ha registrado las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno español: “¿Tiene previsto el Gobierno atender la demanda unánime de las Cortes de Aragón para que los territorios afectados por saltos hidroeléctricos sean los primeros beneficiarios de estos aprovechamientos hidráulicos?, en su caso, ¿cuándo tiene previsto hacerlo?, ¿cuál sería la fórmula de la compensación a estos territorios?, ¿por qué se renuncia, en su caso, a la gestión pública de estos saltos hidroeléctricos una vez concluido el periodo de explotación?”

Valentín Fernández, concejal de CHA en el Ayuntamiento de Bielsa, considera que “la política del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de sacar a subasta de forma general todas las centrales hidroeléctricas cuando caduquen las actuales concesiones, sin compensar a los municipios que soportamos la servidumbre del uso de nuestro territorio y nuestros recursos, es colonialismo económico en estado puro promovido” por el Gobierno español

En opinión del concejal de la formación aragonesa, el Gobierno español “no sólo se opone a que los municipios puedan participar en la gestión de estas centrales, o a recibir parte de los rendimientos de la nueva explotación, ni siquiera posibilita que las gestionen las confederaciones hidrográficas, por lo que una vez más los aragoneses y aragonesas ponemos los recursos y los beneficios se van fuera, no se defiende el interés general y se cierra la puerta a la gestión pública”.

“Y es que una vez más –continúa-, el Gobierno de España se pone al lado del poder económico, del lucrativo negocio del agua y la electricidad, de los más fuertes frente a los débiles, de los amigos de las puertas giratorias”.

Para más “inri”, al pasar las centrales, aunque sea temporalmente a manos del Estado español, los municipios dejan de percibir una parte de los impuestos que ingresaban en sus arcas, concretamente el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ya que las administraciones están exentas de este tributo.

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