Los lamentables acontecimientos políticos vividos en Cataluña en las últimas semanas han trasladado al segundo plano de la actualidad una de las más importantes citas judiciales de la historia de la democracia española, la vista del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, la causa contra el Partido Popular por el enorme delito de corrupción que ha sido santo y seña de esta formación derechista durante decenios, según ha acreditado la fiscal anticorrupción Concepción Sabadell. A tal punto ha llegado la presunta influencia del proceso de secesión catalán que incluso el Ayuntamiento de Huesca, a propuesta del mismísimo PP, ha aplazado el anunciado debate sobre el estado de la ciudad como si las interferencias catalanas y la implacable réplica promovida por el Gobierno con la aplicación del artículo 155, fueran a distorsionar las claves de la política municipal en fase de revisión y análisis. Confiemos que las detenciones y encarcelamiento de los responsables del Govern, la guinda del esperpento, no promuevan una nueva prórroga.
Pero a la vista de los acontecimientos, quizá lo que el PP de Huesca pretendía evitar era que el eco de las palabras de la fiscal se colara en el salón de plenos municipal. Afirmaciones como “la existencia de la caja b del PP –partícipe a título lucrativo- ha quedado plena, abrumadora y constantemente acreditada”, o la constatación de que con dinero negro, proveniente de “contratos trucados” y una “persistente actividad delictiva” se han pagado sobresueldos a líderes del partido, cuya sede de la calle Génova, por si fuera poco lo anterior, se ha reformado gracias a fajos de euros provenientes de los ingresos opacos, la caja ilícita engrosada con la práctica de sobornos a funcionarios públicos y la compra de las voluntades necesarias para delinquir. Malversación, desfalco, prevaricación… constituyen buena parte de los ejes fundamentales del alegato fiscal. Delitos que han atentado contra el Estado de Derecho, ese que dicen defender a capa y espada envolviéndose en la bandera.
Cambiar Huesca no quiere dejar pasar por alto la hipócrita actitud de los populares, siempre dispuestos a ocultar, incluso a negar, una indefendible trayectoria política que los convierte en el partido más corrupto del escenario europeo. El PP carece de autoridad ética para erigirse en referente de la regeneración democrática y el cumplimiento de la ley. Tampoco en Huesca, donde su grupo de concejales insumisos practican una oposición de tan escasa calidad democrática como agrio tono, siempre, además, desde el púlpito de su elevada arrogancia.
