La población del Cañón del Cauca, en el departamento de Antioquia de Colombia vive desde hace un mes una grave situación de emergencia social y ambiental provocada por la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico que cuenta, entre otros, con una línea de crédito del BBVA y del Banco Santander.
Según ha denunciado Ecologistas en Acción, “una sucesión de fallas durante la construcción del proyecto Hidroituango, la obra de mayor envergadura del país, han desatado las alarmas por el riesgo que entraña para la vida de decenas de miles de personas pertenecientes a 15 municipios ubicados en la zona de influencia de la central hidroeléctrica”.
Este megaproyecto –que incluye la construcción de una presa de 225 metros de altura y un embalse de 79 kilómetros de largo y más de 20 millones de metros cúbicos de volumen– se encuentra en estado de emergencia desde que el pasado 28 de abril se presentara la primera alerta, cuando un derrumbe obstruyó uno de los túneles de llenado y desvío de la presa. Como consecuencia de los taponamientos y vaciados de agua, se produjeron grandes crecidas del caudal del río e inundaciones que han destruido los medios de vida de miles de familias de la zona.
Desde entonces, sucesivos desprendimientos de tierra han dejado la situación fuera de control, y ha llevado a las autoridades colombianas a plantear la posibilidad de un escenario de rotura de la presa y a decretar la alerta roja en varios municipios aledaños al megaproyecto. Según la información proporcionada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el día 30 de mayo más de 13.000 personas habían sido evacuadas de forma preventiva ante el riesgo de que se presente una avalancha de proporciones catastróficas. En los últimos días Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa a cargo del megaproyecto, ha reportado la aparición de filtraciones de agua en la presa y grietas en la montaña que previsiblemente desencadenarán nuevos derrumbes durante los próximos días.
Para financiar las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, el pasado mes de diciembre EPM obtuvo una línea de crédito por mil millones de dólares del BID Invest, la institución del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De estos, 650 millones de dólares provienen de un préstamo "B" otorgado por varios bancos comerciales internacionales e inversores institucionales, entre los que se encuentran el BBVA y el Banco Santander. A través de estos créditos las entidades financieras contribuyen a sostener un megaproyecto que está generando una gran conflictividad social.
Violencia contra quienes defienden el territorio: cuatro asesinatos en menos de una semana
Durante los últimos años, comunidades y asociaciones locales se han organizado para denunciar los impactos sociales y ecológicos de un megaproyecto que, además de las evacuaciones permanentes de carácter preventivo de estas semanas, ya había provocado 10 desalojos forzosos y la pérdida de los medios de vida de más de 500 familias de la zona. Las familias también denuncian que el proyecto vulnera el derecho a la memoria, la verdad y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, ya que la inundación prevista tras el llenado del embalse imposibilitará encontrar los restos de entre 500 y 900 víctimas de desaparición forzada que quedan por localizar y exhumar en la zona.
“Quienes defienden el río, el territorio y el medio ambiente tienen que hacer frente a un contexto de violencia sistémica”, apunta Ecologistas en Acción. Las organizaciones sociales denuncian que quienes se oponen a la construcción de Hidroituango han sufrido el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, así como agresiones físicas y psicológicas en un entorno recurrente de amenazas, amedrentamiento y terror. El Movimiento Ríos Vivos Antioquia –que aglutina a varias asociaciones locales por la defensa del río Cauca– ha informado que desde el año 2013 ha recibido 151 incidentes de seguridad y más de 60 amenazas contra sus integrantes.
“La violencia contra quienes defienden el medio ambiente en el Cañón del Cauca se ha intensificado durante el periodo de emergencia del último mes”, afirma la organización ecologista. Durante el mes de mayo, en menos de una semana, cuatro personas han sido asesinadas en la zona. Dos de ellas, Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya, eran líderes sociales y miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia que se habían opuesto públicamente a la construcción de la hidroeléctrica.
La responsabilidad del BBVA y el Banco Santander en Hidroituango
El sistema financiero es una pieza fundamental en la implementación de megaproyectos como el de Hidroituango, cuya construcción no sería posible sin el acceso a las líneas de crédito otorgadas por instituciones financieras multilaterales, bancos comerciales e inversionistas internacionales. Por eso, Ecologistas en Acción quiere enfatizar que “tanto el BBVA como el Banco Santander, a través de su apoyo económico, están contribuyendo a sostener la vulneración de derechos humanos y la situación de emergencia social y ecológica en el Cañón del Cauca”.
“Paradójicamente ambas entidades bancarias acaban de anunciar que participarán en la elaboración de los Principios Bancarios que promueve Naciones Unidas para fomentar una ‘banca responsable y sostenible’ que busca, entre otras cosas, ‘impulsar la responsabilidad y transparencia de los bancos sobre su impacto medioambiental’”, critica Ecologistas en Acción. “Se trata, sin embargo, una vez más, de códigos de conducta voluntarios que no establecen regulaciones de obligado cumplimiento a las acciones del poder corporativo”, determina la organización.
Es por todo ello que Ecologistas en Acción hace un llamado a las instituciones pertinentes para solicitar que “el BBVA y el Banco Santander no contribuyan con su financiamiento a sostener megaproyectos que generan graves impactos socioecológicos y vulneran los derechos humanos”, y que se “brinde asistencia y garantías de seguridad a la población afectada por la situación de emergencia social y ambiental ante los riesgos derivados de la construcción del proyecto hidroeléctrico”.
Así mismo, la organización demanda que “se suspenda y se retire la licencia ambiental del megaproyecto una vez controlada la emergencia, tal y como vienen demandando las organizaciones locales” y que “se investiguen con rigor los asesinatos ocurridos en la zona y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los crímenes”.
Por último, la organización medioambiental pide que “se garantice la protección, la seguridad y los derechos de quienes defienden el agua, la tierra y el medio ambiente en el Cañón del Cauca”.
