Política

Aragón legisla para garantizar sus derechos históricos cómo país y blindar los derechos sociales de su ciudadanía

Las Cortes de Aragón aprueban tramitar una ley que actualizará los derechos históricos del país como “nacionalidad histórica de naturaleza foral” y garantizará los derechos sociales recuperando “los instrumentos precisos para seguir haciendo realidad el progreso social, cultural y económico de los aragoneses y aragonesas”. La iniciativa presentada por CHA ha sumado los apoyos de PSOE, PAR, Podemos e IU, y la negativa de PP y Ciudadanos.
| 18 junio, 2017 07.06
Aragón legisla para garantizar sus derechos históricos cómo país y blindar los derechos sociales de su ciudadanía
Violeta Barba en su primer discurso como presidenta de las Cortes. Foto: Podemos

El pasado jueves el parlamento aragonés aprobó comenzar el trabajo legislativo para actualizar la vigente ley de derechos históricos de Aragón, con tres ejes básicos: contextualizar a Aragón, profundizar en la relación federal entre Aragón y el Estado español, y preservar los derechos sociales de las aragonesas y aragoneses.

Respecto al primer eje destaca la exposición de motivos del texto legal. Un recorrido somero e incontestable de la historia de Aragón. Y también parte del articulado, como por ejemplo cuando expresa que “los derechos históricos residen en el pueblo aragonés, del que emanan los poderes de la Comunidad Autónoma de Aragón, y serán amparados y respetados por todos los poderes públicos”. El espíritu federal de la propuesta legal se observa con claridad en su artículo tres, dónde asegura  “la garantía de una relación de Aragón con el Estado regida por los principios de autonomía y bilateralidad, así como por la lealtad institucional mutua”, por último, queda clara la intención del legislativo aragonés de preservar derechos civiles cuando afirma que “el fundamento del derecho de Aragón al autogobierno político y a la autonomía financiera, como instrumentos para prestar a su población unos servicios públicos universales, laicos, gratuitos y de calidad, así como garantizar e impulsar los derechos sociales y culturales y el estado del bienestar”.

Reconocimiento legal del Pueblo aragonés cómo sujeto político

La propuesta de Ley en tramitación recoge en su articulado importantes afirmaciones como cuando reconoce que “los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución Española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no derivar de ellos, no pueden ser afectados por las reformas que puedan afectar a esas normas”, y declara que los derechos históricos “no prescriben por falta de uso, ejercicio o reclamación”.

Asimismo el texto confirma al Pueblo aragonés como el sujeto político indicado para “mantener y reafirmar su identidad política, institucional y jurídica, sin perjuicio de su integración y participación en otras estructuras estatales o supraestatales”. Y establece “el reconocimiento y garantía de una posición singular de Aragón en relación con el Derecho foral, la historia, la cultura y las lenguas, con la proyección de todos estos elementos en el ámbito educativo y con el sistema institucional en que se organiza la Comunidad Autónoma”.

Profundización del modelo federal entre Aragón y el Estado español: el valor del Pacto

Una vez que el texto establece que “con arreglo a la tradición foral aragonesa, los derechos históricos se fundamentan en el valor del pacto como base de la convivencia política”, la cámara legislativa aragonesa establece en la Ley en tramitación que “las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por las instituciones del Estado o por entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas con los representantes de la Comunidad Autónoma a través de los órganos e instrumentos de relación bilateral instituidos al efecto, especialmente la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma de Aragón”.

En este sentido, el texto aprobado por las Cortes de Aragón establece la garantía “de los derechos políticos y sociales de los aragoneses, como expresión de los principios tradicionales de libertad, justicia social, igualdad, respeto a la diversidad y pacto”, asumiendo que “los derechos históricos referidos en esta Ley no agotan la relación y actualización de los mismos”, y reservando para Aragón “el derecho de requerir un régimen financiero propio y una Hacienda foral, al amparo de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución”.

Blindaje de los derechos sociales de aragoneses y aragonesas

La brevedad del texto legal aprobado por las Cortes de Aragón no impide que se establezca en su articulado como prioridad la defensa  de los Derechos Sociales de aragonesas y aragoneses, afirmando que “los poderes públicos aragoneses promoverán y garantizarán el pleno ejercicio de los derechos y libertades proclamados en el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, la legislación de la Unión Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y el resto de tratados y convenios internacionales que resulten de aplicación”, y prohibiendo a las instituciones aragonesas “minorar o restringir el contenido actual de los derechos y libertades referidos en el apartado anterior”, así como la oposición “a su minoración o restricción por parte de otras instituciones en cuanto puedan afectar al pueblo aragonés”.

Finalmente, cabe destacar que, en caso de ser aprobada con su actual texto, la propuesta legal blinda también económicamente el cumplimiento efectivo de los derechos aludidos, al afirmar que “las instituciones aragonesas garantizarán de forma efectiva el cumplimiento de los derechos sociales que no gozan de una protección legal eficaz, especialmente el derecho al trabajo de calidad y el derecho a una vivienda digna. A estos efectos, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón no podrán en ningún caso reducir los créditos destinados a las políticas sociales en el correspondiente ejercicio anterior”.

18 junio, 2017

Autor/Autora

Miembro del Consello d´AraInfo. @chtricas


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