El Congreso de los Diputados aprobó este miércoles, definitivamente, la nueva Ley de Montes con la que se deja vía libre a los gobiernos territoriales para la recalificación de suelo que haya sufrido incendios sin que tengan que pasar los 30 años marcados como plazo en la anterior ley de 2003 si hay motivos de interés público –a partir de una enmienda presentada por el Partido Popular y que contó con el apoyo de UPyD y UPN– y quita competencias a los agentes forestales a la hora de denunciar delitos ambientales, y que pasan ahora a ser auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Durante el debate final, el diputado popular Manuel Torres ha echado en cara a los partidos de la oposición que han rechazado la nueva norma que mostrar "falta de sensibilidad con los propietarios y habitantes del mundo rural, queriendo limitar sus posibilidades de desarrollo".
La ley afectará a más de 54% de la superficie del estado, considerado suelo forestal. Son 27,7 millones de hectáreas de las que dos terceras partes son de propiedad privada.
Los colectivos ecologistas se han posicionado en contra de la nueva ley, a la que acusan de herramienta para "favorecer intereses privados". Desde Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife destacan que la intención del Gobierno del Partido Popular con la aprobación de esta norma es "desregular y eliminar toda limitación a la hora de desarrollar ciertas actividades económicas y urbanísticas".
Noticia publicada por Diagonal.
