El Congreso ha aprobado hoy definitivamente, con los únicos votos a favor del Partido Popular, la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal y el pacto antiterrorista. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.
Desde que fue anunciada por el ministro de Interior, José Fernández Díaz, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido rechazada por parte de colectivos sociales y de juristas, que han visto en la normativa impulsada desde el Partido Popular una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático. Amnistía Internacional, Rights International Spain y más de 70 colectivos integrados en la plataforma No Somos Delito han denunciado el peligro que esta normativa supone para la democracia. A ellos se han sumado los relatores especiales de la ONU, que se han dirigido al Gobierno español para señalar las violaciones de los derechos de expresión y manifestación que derivarían de la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal, y hasta 35 catedráticos penalistas de las universidades españolas, que han señalado en un manifiesto que las reformas propuestas, “además, beben político-criminalmente de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.
En su paso por el Senado, se han presentado 225 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en su aprobación en esta Cámara, el pasado 12 de marzo, sólo se han admitido algunas enmiendas, la mayoría de ellas presentadas por el Partido Popular. Una de ellas es sobre la disposición adicional sobre las devoluciones en caliente, un texto que, a su vez, fue introducido al final del texto del proyecto de ley el último día de presentación de enmiendas en el Congreso. La enmienda aprobada sobre esta disposición en el Senado que las devoluciones en caliente se llevarán a cabo "respetando" la normativa de derechos humanos, a pesar de que el concepto de rechazo en frontera viola el convenio de Viena sobre refugiados políticos. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha señalado en el Congreso que las devoluciones en caliente se vienen practicando desde 2005, aunque sin cobertura legal.
Otra rebaja los plazos de prescripción de las infracciones a seis meses, un año y dos años según éstas sean leves, graves o muy graves.
Reforma del Código Penal
La otra normativa aprobada definitivamente hoy es la reforma del Código Penal presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2013 y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la cadena perpetua -denominada en el texto prisión permanente revisable- para delitos de terrorismo con víctimas mortales y el aumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años, con lo que las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.
La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social, muchas de ellas popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.
El Partido Popular ha sido el único en defender en el Congreso la entrada en vigor de la pena de prisión permanente revisable, a la que han tachado de medida “moderna” que trata de evitar “rigideces” y responde a los “problemas” de las personas. Un hemiciclo medio vacío ha asistido a un debate en el que el PP ha defendido que la cadena perpetua se trata de una medida apoyada por dos tercios de la sociedad, un apoyo que ha sido puesto en duda por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización ha realizado una encuesta en la que se explican las condiciones del sistema penal, y en la que se muestra que, facilitando algunos elementos de información, sobre el coste de mantener en prisión permanente a una persona, los encuestados cambian su opinión sobre esta medida.
Compromiso de derogación
Desde el PSOE han afirmado en el Congreso, en referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana, que “la derogaremos más pronto que tarde”. No Somos Delito convocó en febrero un acto en el que invitó a partidos políticos a comprometerse formalmente con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Al acto, que inicialmente iba a tener lugar en el Congreso a instancias del PSOE, finalmente tuvo que celebrarse en el Círculo de Bellas Artes. Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana, Equo-Compromís, PNV, Podemos y BNG se adhirieron al compromiso de derogación, mientras que el PSOE no se volvió a pronunciar. El Partido Popular, CiU y UPyD se negaron a firmar el compromiso.
Desde No Somos Delito han puesto en marcha una campaña para recoger firmas y mensajes en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal que serán exhibidas mediante hologramas. También han convocado un acto, mañana en el Congreso, en el que participarán diversos colectivos para mostrar su rechazo a las nuevas leyes aprobadas. Durante el acto se leerá también el comunicado de Naciones Unidas en el que expone su oposición a la nueva legislación española. El pasado 23 de febrero, varios relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se dirigieron al Gobierno español para mostrar su rechazo frontal ante la Ley de Seguridad Ciudadana, en lo relativo a las limitaciones de los derechos de expresión y reunión, y también sobre las reformas del Código Penal en cuanto a delitos relacionados con terrorismo. Los enviados de la ONU afirmaron que estas reformas legislativas “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”.
Artículo original de Diagonal
