Política Entrevistas

Ángel Dolado: “Sería buena idea que la ciudadanía aragonesa eligiera directamente al Chusticia d’Aragón”

El nuevo Chusticia d’Aragón, Ángel Dolado, nos recibe en su despacho del Palacio de Armijo en Zaragoza, sede de la institución. En amigable charla Dolado desgrana las prioridades de su equipo para el nuevo mandato, su estrategia de restructuración de la Casa del Chusticia, o el especial interés en la defensa de los derechos de los menores de edad.
| 13 julio, 2018 07.07
Ángel Dolado: “Sería buena idea que la ciudadanía aragonesa eligiera directamente al Chusticia d’Aragón”
Ángel Dolado, Chusticia d'Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

La institución del Chusticia d’Aragón es reconocida internacionalmente como el antecedente medieval de los actuales Defensores del Pueblo ¿comparte esta idea?

Sí. Desde luego que sí. Si aquí decimos precisamente que el Derecho de Manifestación fue una institución histórica antecedente del habeas corpus, no puede haber algo más defensor de los derechos de las personas que la libertad de estas a través de un aforamiento especial con una figura como el Justicia de Aragón, que defendía los derechos de una persona en concreto, con independencia de lo que hubiese hecho, en relación al poder Real, por tanto sí, es un antecedente de los actuales Defensores del Pueblo.

Apenas han pasado dos meses desde su toma de posesión como Chusticia ¿podría explicarnos en qué situación se ha encontrado la institución y cómo pretende abordar su anuncio de reestructuración del personal del Justiciazgo y optimización de los medios propios de la institución?

Nos hemos encontrado un nivel de quejas muy elevado a las que se daba respuesta, en tiempo y forma adecuada. Partimos pues de un alto nivel de cumplimiento y con el objetivo de mantener el listón alto, en número y calidad, en nuestras respuestas y sugerencias, reforzando esta idea con el trabajo de nuestros asesores elegidos ad hoc en función de las distintas materias. Este es el punto de partida.

En cuanto a la restructuración, al encontrarnos con dos plazas de asesor sin función propia en el servicio anterior, nosotros las hemos dado por amortizadas, es decir, caen del elenco de personal de libre elección de la casa. Y, además, hemos restringido de tres secretarias a dos, al entender que pueden dar suficiente juego al propio Justicia, al Asesor Jefe, e incluso a la Jefa de Gabinete y el Jefe de Prensa. Además, hemos entendido que, de momento, podíamos eliminar uno de los puestos de asesor siendo suficiente con siete asesores, es decir, hemos pasado de ocho a siete. Y decía de momento porque en esta restructuración hay algo esencial como reto, que es conseguir las competencias del Defensor del Menor en sede del Justicia. Si esto lo conseguimos en lo que queda de legislatura, o en la siguiente, en función del volumen de trabajo que supusiera, recuperaríamos ese octavo asesor.

Y, luego, en relación al personal que tenemos de las Cortes de Aragón, que son nueve funcionarios de carrera, y que prestan su trabajo como Función Pública, hemos sabido que su aspiración es que su estatuto de trabajadores públicos se asimile al de las Cortes de Aragón y no al de la DGA, como ahora sucede. Y así tener un régimen especifico como comisionados, y creo que tienen razón. Esto lo valoraremos en las mesas de negociación sindical.

También es una cuestión básica, que quiero dejar clara, saber que nosotros dejaremos el presupuesto tal y como está, y si podemos ahorrar lo haremos. Pero para conseguir los asesores que tengo parto de una premisa básica para mantener la calidad de nuestro servicio: no pueden cobrar menos de lo que venían cobrando en sus respectivos puestos. El caso más emblemático es el del único juez -de lo contencioso administrativo- que tengo entre los asesores.

Entre sus prioridades ha explicado que se encuentra la defensa de los menores de edad ¿a qué se refiere más concretamente?

En este tema hay que diferenciar dos fases: una de prestación de servicios preventiva, y otra que tiene que ver con las sanciones o lo coercitivo si los menores ya han cometido algún hecho delictivo. Y esta última parcela esta claramente delimitada con Fiscalía de Menores y Juzgados de Menores, y por tanto, aquí no entraríamos. Es precisamente en las fases anteriores a que los menores estén en sistemas de tutela, de acogida, de adopción, que tengan problemas de bullying -acoso- escolar, etc, donde queremos trabajar. Es decir, pretendemos que haya un referente en la defensa de los Derechos y Libertades de los menores en esas fases anteriores y en sus procesos de formación y educación referenciadas en una única institución que es el Justicia de Aragón. Y esto no quita para que los servicios sociales que ya están desarrollando su papel lo sigan haciendo, pero sí que los menores en Aragón en esas fases de educación o formativa si tienen perjudicados sus derechos, y así lo entienden, tengan un último defensor además de lo que la administración pública ya les ofrece.

Esto es importante porque si esta institución ya tiene suficientes garantías de protección de todos los ciudadanos circunscribirse a los menores es esencial. Así lo he visto en otras defensorías similares de otras autonomías, como en los casos valenciano o andaluz, que cuentan con adjuntos específicos. Y esto es lo que queremos. Que estas competencias nos las den a través de la Ley de Infancia de Aragón con una modificación orgánica pero muy básica de esta ley, bastaría con una disposición adicional que establezca las competencias del Justicia de Aragón en esta materia. Así crearíamos la Oficina del Menor dentro de la institución.

Foto: Pablo Ibáñez | AraInfo

Ángel Dolado en su despacho. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

También anunció que otra de sus prioridades sería la defensa del aragonesismo, así como la difusión del Derecho Civil Aragonés ¿cómo piensan abordar estas cuestiones?

El tema del aragonesismo lo planteo con dos formas de trabajar diferentes: una es ad dentro, en el propio Aragón, y a la vez teniendo como referentes a dos personalidades como José Antonio Labordeta o Joaquín Costa, que se nos conozca fuera de Aragón. Si podemos trasladar los valores de los aragoneses, en este caso con el liderazgo del propio Justicia, en el resto de España, en Suramérica, o en Europa, pues sería muy interesante. Y, al hilo de esto, el desarrollo del Derecho Foral, que ya se hacía en esta casa, nosotros lo vamos a mantener, incluso acudiendo a las distintas comarcas, pero hablando del Derecho Civil de la actualidad. Es decir, plantearles a los ciudadanos cual es la problemática del régimen económico matrimonial, de los testamentos, de las sucesiones, de la custodia compartida, etc. No en vano, varios de nosotros somos especialistas en estas materias. Yo mismo he formado a todos los funcionarios de justicia en temas de Derecho Civil Aragonés, o Javier Hernández García, nuestro asesor jefe, que viene de la abogacía civil, también es un gran experto.

Y luego, en íntima relación y como signo diferencial con otros defensores, nosotros tenemos que poner sobre la mesa las competencias del Estatuto y qué podemos trasladar a las Cortes para su desarrollo. Por ejemplo, en materia de Derecho Civil y Foral, si vemos que existe algún déficit en alguna de las normas, nosotros como técnicos, pondríamos encima de la mesa los documentos que las mejorasen para que después los valorasen tanto los partidos políticos como las propias Cortes de Aragón. Como ejemplo diré que personalmente he hecho hincapié en que observo que tenemos un déficit en la coordinación de parentalidad, qué ocurre cuando establecemos custodias compartidas o individuales, pues bien, pensamos que una figura de coordinador de parentalidad -comisionado por el juez- para conocer la realidad de las familias sería muy útil, y nosotros presentaríamos un texto, incluso articulado, para que luego las Cortes lo valoren y lo discutan, y lo aprueben en su caso. Y este ejemplo sería extrapolable a ámbitos sanitarios, educativos, u otros. Es decir, no quedarnos exclusivamente en el hecho de resolver quejas sino tener ese impulso de mejora desde el punto de vista técnico.

Entre su listado inicial de prioridades también anunció una especial atención a la “lucha contra la despoblación” ¿qué cree que se puede hacer a este respecto desde su cargo?

Lo estamos haciendo ya, y no sé si nos pasaremos de frenada pero nosotros queremos conocer en materia de despoblación las potencialidades que tienen cada uno de los territorios y los déficits, y ya estamos trabajando en el Informe Especial Teruel pero seguiremos con Uesca y Zaragoza. Y hemos empezado por quien los conoce, los ayuntamientos, para con su información confeccionar un mapa en el que observar qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y qué falta por hacer, para con esta radiografía poder dar respuestas. Y a partir de aquí nosotros, como institución, solo podremos aportar ideas. Aunque añado que hay que ser coherentes e incluso realizar reformas autonómicas para potenciar que las personas se queden en el territorio. Yo conozco el sector de la Función Pública, y me consta que con las nuevas carreteras e infraestructuras lo que hemos conseguido es que quien tiene un trabajo de Función Pública en Teruel, en Chaca, Samianigo o Uesca se va a vivir a Valencia, a Castellón o a Zaragoza. Creo que lo establecido en la Ley de Función Pública respecto a la obligatoriedad de residencia durante un tiempo, los primeros tres años, -y hablo por mi propia experiencia- debe cumplirse, y claro que tengo libertad de residencia, pero lo lógico es que si la Ley de Función Pública me indica que los primeros tres años debo residir en el lugar de mi puesto de trabajo, sabiendo que el Estado ha invertido en mi, lo haga, ya que yo conozco estas condiciones cuando accedo al puesto.

A renglón seguido ¿qué hay que potenciar con un complemento económico específico estos puestos de trabajo? Que se haga. Y no hay conflicto con la libertad de movimiento, porque estas condiciones son conocidas previamente. Además, personalmente, estoy cansado de ver como Inspectores de Hacienda o Jueces de lo mercantil, entre otros, que lo mejor de la casa podríamos decir, fiche por despachos de abogados. Y será muy legítimo pero creo que hay que establecer un compromiso de permanencia, por ejemplo de diez años, durante los cuales no puedan irse a la privada.

Nos gustaría también conocer si han establecido alguna estrategia específica para luchar contra la violencia machista.

Desde la casa es pronto para contestarte, pero vengo de los Juzgados de Familia, y quizá por eso la Ley Integral de Igualdad Efectiva ya la he aplicado en convenios reguladores entre cónyuges, porque veía que a veces incluso lo firmado entre ellos podría ir en claro detrimento de los derechos de las mujeres, y hablo de derecho civil, no de derecho social ni administrativo.

Sí puedo puedo afirmarte que nos hemos encontrado con un claro déficit, en ninguno de los informes o memorias que se han presentado había lo que se denomina una valoración de género, y es obligatorio. Debemos conocer edades, género, y otros datos a modo de ficha, de quienes presentan una queja, pero también conocer si en cada una de las quejas presentadas se ha tenido en cuenta la perspectiva de género. Hasta ahora no se hacía, pero gracias a nuestra asesora de Sanidad, que viene también del mundo de la Igualdad, y que fue la primera que lo planteó, acordamos incluir desde el inicio la perspectiva de género.

Y, por otra parte, aunque escape de nuestro ámbito competencial las puertas de esta casa están abiertas para todo el mundo, aunque sea para derivar y orientar a quien se acerca al Justicia e intentar evitar la victimización de las mujeres ofreciendo un entorno más amable.

Foto: Pablo Ibáñez | AraInfo

Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Por otra parte usted ya ha emitido una ‘recomendación’ relativa al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, en concreto dirigida al Ayuntamiento de Mezalocha, recordando la obligatoriedad de la retirada de elementos de apología del régimen franquista ¿será esta otra de sus líneas de trabajo?

Nos encontramos con una ley, esta de carácter nacional, que nos vincula a todos los ciudadanos, y por tanto en el cumplimiento de las leyes, como Justicia, si veo que hay un déficit en su cumplimiento claro que lo puedo indicar, tal y como hemos hecho. Y en concreto en el caso de Mezalocha me decían que ninguno del pueblo lo había puesto en conocimiento del Ayuntamiento, y que de haber sido así quizá hubieran realizado acciones, pero a través de la queja no motu propio como debería haberse ejecutado.

También es cierto, que ahora mismo no recuerdo como atrajimos el tema de Mezalocha, igual fue gracias a una noticia periodística, porque como sabes vengo del mundo de la judicatura, y a nosotros nos decían que había que levantarse leyendo la prensa para conocer la realidad, y si esto implica que actuemos de oficio pues lo hacemos.

Con respecto a las lenguas de Aragón: aragonés, catalán, y castellano ¿cual va a ser la nueva política de la institución? ¿prevé el uso normalizado en y desde la institución de aragonés y catalán?

Pues estamos casi en lo mismo. Ya tenemos leyes aragonesas que definieron claramente cuales eran las lenguas que se empleaban en Aragón, que a parte del castellano, eran el aragonés y el catalán, y además ahora se ha creado una Dirección General de Política Lingüística, y ambas cosas me parecen correctas.

Por otra parte, te anticipo que estamos viendo la posibilidad, en colaboración con alguna otra institución, y aprovechando que se cumplen cuarenta años de la constitución española de editar y publicar una constitución en castellano y en aragonés. Y además se da la circunstancia de que conozco la realidad de la Franja por haber trabajado allí durante diez años, y otros diez años en Catalunya, dónde me he sentido muy a gusto, y valoro mucho la amistad que nos une.

Para finalizar, y pensando en el futuro, nos gustaría conocer su opinión a cerca tres cuestiones que han ido surgiendo informalmente desde los mentideros políticos durante el largo proceso de renovación del cargo de Chusticia. Primero ¿sería partidario de la elección directa por la ciudadanía aragonesa, coincidiendo quizás con las elecciones a Cortes de Aragón, del cargo de Chusticia? En segundo lugar ¿es partidario de capilarizar la presencia y funciones de la institución en las comarcas? Y por último ¿cree que debe modificarse la ley para que los informes del Chusticia pasen de ser ‘recomendaciones’ a adquirir el rango de ‘obligado cumplimiento’?

Pues sinceramente, sí, sería buena idea que la ciudadanía aragonesa eligiera directamente al Justicia de Aragón. En este tiempo nosotros, y me refiero a la gente que apoyaba mi candidatura, pues no soy desconocedor que ha habido asociaciones y colectivos ciudadanos, no solo políticos, que me apoyaban, en vista de que no se desenrocaba la situación pues alguien propuso utilizar la herramienta change . org y en poco tiempo tuvimos el apoyo de más de mil seiscientos ciudadanos, y aunque es algo meramente indicativo sí creo que la participación es esencial. Por ejemplo en algunos países se elige por la ciudadanía a los fiscales, e incluso a los jueces, y no digo que aquí tengamos que hacerlo, pero para el Justicia porque no. Yo sí lo potenciaría, incluso que se abriera una plataforma durante algunos días y con todo tipo de medios, no solo presenciales sino también virtuales para que la ciudadanía pudiera elegir al Justicia.

Respecto a lo que planteabas sobre la descentralización y presencia de la institución en el territorio, nosotros tenemos dos delegaciones abiertas varios días a la semana en Uesca y en Teruel, y yo no me guio solo por una economía de escala, pero desde la función pública debe tenerse esto en cuenta, y nos hemos dado cuenta que al admitir las quejas también por vía telemática la presentación presencial en estas delegaciones y en esta misma casa ha bajado su porcentaje. Por todo ello veo difícil que debamos aumentar el presupuesto para tener presencia física. Otra cosa es que los asesores, siempre recuerdo que somos un equipo y no una sola persona, visiten periódicamente las comarcas y con un trabajo concreto, esto sí lo veo.

En lo referente a que nuestros informes tengan un carácter vinculante o ejecutivo mantengo la misma posición que el anterior Justicia, no, no soy partidario. Porque con toda la buena fe del mundo nos podríamos cargar la propia institución, porque al final lo básico es controlar a las administraciones y cómo actúan con los administrados, y podemos hacer recomendaciones, pero para solucionar contenciosos administrativos ya están los tribunales.

13 julio, 2018

Autor/Autora

Integrante del Consello d´AraInfo. @chtricas


Flickr
Twitter
Facebook

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

CERRAR