Política Entrevistas

Álvaro Sanz: “El patriarcado impregna nuestras vidas y define nuestra sociedad de forma constante e insoportable”

El coordinador general de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz, analiza durante esta entrevista en profundidad alguno de los aspectos fundamentales del ámbito político aragonés y estatal
| 19 noviembre, 2017 07.11
Álvaro Sanz: “El patriarcado impregna nuestras vidas y define nuestra sociedad de forma constante e insoportable”
Álvaro Sanz, coordinador general de IU Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El pasado mes de marzo, la XII Asamblea de IU Aragón designó, mediante votación, a Álvaro Sanz como nuevo coordinador general de la formación política. Reconoce que “la pieza angular de la política es el programa, a diferencia de quienes prometen unas medidas y aplican sus contrarias”, y añade que “en materia de pactos post electorales, la coherencia es otro elemento fundamental”. Del mismo modo, Sanz apuesta por los servicios públicos “como herramientas para garantizar derechos fundamentales”.

El pasado mes de marzo fue elegido Coordinador de IU Aragón ¿cuáles son los ejes de trabajo a partir de ahora de su formación? ¿Cuáles son los compromisos principales adquiridos con la ciudadanía?

El principal objetivo de IU es fortalecer las posiciones políticas de la izquierda trasformadora y construir una opción ganadora en el ámbito social y político. Algo que va mucho más allá de nosotros y nosotras y de lo meramente electoral. Se trata de ser una herramienta eficaz para la gente, un espacio en el que militar y construir democracia, un espacio que sirva realmente para mejorar sus condiciones materiales y, a la vez, sea el motor de un movimiento amplio que, desde la izquierda, proponga la superación de las limitaciones para el ejercicio y disfrute pleno de derechos que tiene la arquitectura del régimen del 78.

Como es bien sabido, uno de los principales problemas que afecta a Aragón es la despoblación del territorio y su desequilibrio poblacional ¿Qué medidas se contemplan desde su partido para atajar este grave problema?

Este es un elemento central de nuestra acción política. España y Aragón no pueden seguir dando la espalda a un problema de semejante dimensión, básicamente porque no atenderlo es ser cómplice del “final físico” de buena parte de ambas. No se trata solo de lograr fondos, se trata de superar fronteras y ampliar miras con políticas serias (la despoblación no entiende de límites territoriales entre provincias) Cuenca, Soria, La Rioja, Zaragoza, Teruel, Guadalajara, Burgos, o Valencia están conectados por este cáncer y lo padecen de forma similar.

Por lo tanto lo primero que debemos intentar es hacer causa común y superar las políticas de reparto estériles que, a tenor de los resultados, han enterrado miles de millones de euros.

En segundo lugar, es vital abordar la despoblación también desde lo público. Desde los servicios públicos como herramientas para garantizar derechos fundamentales. Educación, sanidad, comunicaciones, y porque no reindustrialización y empleo, medio ambiente o revalorización del territorio en términos culturales han de ser elementos fundamentales de las políticas públicas en estas zonas. No se puede vivir donde no hay escuelas y no hay escuelas donde no hay gente. Es una dinámica perversa que exige generar condiciones de vida dignas y viables.

En tercer lugar, es preciso fortalecer un sistema productivo sano, que coadyuve a un cambio necesario del modelo productivo y en eso el campo tiene mucho que decir. El sector primario ha de jugar un papel fundamental pero un sector agrario que vertebre el territorio en base al modelo social de agricultura y los principios de soberanía alimentaria no el basado en la acumulación de tierras, no un modelo sin profesionales del campo. Llevamos año viviendo una reconversión constante en el sector primario en el que las producciones pequeñas y medianas, con agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas que plantean una alternativa clara a la agroindustria y el agronegocio tiene cada día menos espacio. Las políticas agrarias han ido en la dirección contraria al interés general, la desregulación de algo tan básico como la producción de alimentos no puede estar en manos de especuladores.

Por último, la gente del medio rural tiene que participar en las decisiones desde la base, en el qué hacer y cómo hacer. Para ello, es preciso desarrollar nuevas gobernanzas que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente y la vez cohesión social.

Es una carrera de fondo que debemos empezar ya con firmeza y valentía.

Para todo ello hay experiencias, propuestas sobre la mesa, ganas de participar y mecanismos que permiten mejorar la financiación si superamos la óptica localista y aislada que al final ha venido concretándose en repartos económicos con un impacto real nulo. Precisamente este tema va a ser objeto de debate en una jornada que tendremos en Zaragoza con representantes europeos, estatales, locales de organizaciones sociales, universidad y habitantes del medio rural afectado el próximo día 25 de noviembre.

Dado que las políticas que se aplican tanto en el ámbito municipal, como comarcal, o para el conjunto del territorio aragonés tienen un marcado signo desarrollista, patriarcal, y capitalista ¿cree necesario plantear las distintas acciones políticas desde una perspectiva ecologista, feminista y anticapitalista?

Evidentemente, en el conjunto del territorio y especialmente en el ámbito rural teniendo en cuenta la realidad territorial de Aragón. No hay más que mirar la situación demográfica de Aragón, la despoblación, para replantearnos el modelo que nos ha hecho llegar hasta aquí.

Creo que la evolución de la política agraria es el paradigma de este fracaso. Imponer un modelo de agricultura y ganadería sin agricultores y agricultoras, sino supeditado a las grandes cifras e intereses favorece la desarticulación de un modo de vida en los pueblos, que implica además graves afecciones al medio ambiente.

No hay nada más anticapitalista hoy que la lucha por sacar a la alimentación de la lógica del comercio global, la soberanía alimentaria. Para ello, es preciso romper con el patriarcado rural, lo que ha venido a llamarse patriarcado ancestral, que actúa de palanca de este modelo devastador y hace inviable el futuro en el medio rural y avanzar hacia modelos de producción que encuentren en el ecologismo su columna vertebral.

¿Ve a su formación gobernando, o formando parte del Ejecutivo, en el año 2019, momento en el que se celebrarán las elecciones aragonesas? ¿Qué política de alianzas pre y post electorales proponen desde IU Aragón?

Claro que sí. Nuestra formación siempre que concurre a unas elecciones lo hace con la vocación de hacer efectivo su programa político desde el gobierno. Para ello, tenemos claro la pieza angular de la política es el programa, a diferencia de quienes prometen unas medidas y aplican sus contrarias. IU siempre ha impulsado políticas de alianzas siguiendo este principio porque sabemos que la izquierda es diversa y plural y no faltamos nadie pero solos tampoco podemos, ninguna formación puede.

En materia de pactos post electorales, la coherencia es otro elemento fundamental y, por lo tanto, cualquier alianza pasa por concretar medidas y mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento.

Además somos muy conscientes de que la realidad cambiará efectivamente si la mayoría social de este país, tanto en las instituciones como fuera de ellas, asume el protagonismo que le corresponde. Y cuando hablo de mayoría social hablo de los trabajadores y trabajadoras, de la gente que sufre la precariedad, de las mujeres, de la población rural, de las personas jubiladas, de los jóvenes, de las autónomas…, es decir, de quienes padecen los mismos problemas y deberían de ser capaces de proponer soluciones comunes. En eso también consiste el trabajo político, en hacer posible esa alianza y eso no depende del ciclo electoral. Es labor cotidiana.

En base a estos cuatro elementos basamos nuestra política de alianzas. En el ámbito preelectoral con quienes comparten todos estos principios, en el post electoral el elemento programático fundamentalmente es el elemento clave para frenar efectivamente las posiciones políticas de derechas.

Este último largo ciclo electoral lo volvimos a dejar claro especialmente en Aragón, donde, salvo en el ámbito de las elecciones autonómicas en las que el encuentro no fue posible, compartimos escenarios con otras organizaciones y personas en el resto de instituciones. Las candidaturas “En Común” en Zaragoza, “Ganar” en Teruel o “Cambiar” en Huesca son en parte el resultado de esa apuesta en el ámbito municipal y Unidos Podemos lo es en el ámbito estatal.

¿Cómo valora la gestión realizada por el gobierno de Lambán durante estos dos primeros años?

El PSOE esconde tras la aritmética parlamentaria su falta de vocación trasformadora. De hecho las medidas más relevantes que se han ido desarrollando o que todavía están en agenda han sido impulsadas por los grupos políticos de la izquierda, el movimiento obrero o las organizaciones sociales. En ese sentido, y a pesar de las dificultades para garantizar el cumplimiento de acuerdos con el PSOE, es cierto que estamos avanzando en cuestiones importantes.

Esta actitud del PSOE de esconderse tras su carencia de mayorías, no nos asombra, por lo menos no a IU, pero el problema que se traduce es una falta de pulso político del Gobierno de Aragón que no está a la altura de las aspiraciones de esa mayoría que decidió que Aragón no lo gobernase el PP.

Eso sí es responsabilidad del Ejecutivo que ha de ser audaz y no echar balones fuera o trasladando interinidad política. No votamos a Lambán para entrar en el Gobierno, lo votamos para gobernar en base a un programa político. Por lo tanto, lo que debe hacer es cumplir compromisos. Después, y en base a la valoración del grado de cumplimiento de los mismos, alcanzar acuerdos por la izquierda para seguir avanzando con nitidez.

Álvaro Sanz, coordinador general de IU Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Álvaro Sanz, coordinador general de IU Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Desde principios de año, en Aragón se han registrado 478.898 contratos. De ellos, el 91,37% (437.565) han sido contratos temporales, y el resto, el 8,63% (41.333), indefinidos. ¿Qué medidas habría que aplicar para tratar de invertir esta tendencia que conlleva inestabilidad temporal?

Es vital derogar las reformas laborales, la del PSOE de 2010 y la del PP de 2012, y cambiar radicalmente el modelo productivo si no queremos que la precariedad se convierta en estructural. Pero para acabar con la lacra de la desigualdad hay que cambiar la estructura del reparto de las rentas en este país. El ataque a la negociación colectiva ha sido siempre el objetivo nº 1 de la derecha. Mermar la capacidad de negociación colectiva es institucionalizar la indefensión de los trabajadores y las trabajadoras frente al empresario y, con ello, la buscada caída de salarios en favor de la renta del empresario. Por ello es imprescindible fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y las trabajadoras y a la vez garantizar un reparto justo de las rentas.

Lo que se ha vivido es un vergonzoso cambio en el patrón de distribución de la renta en detrimento de los salarios y en beneficio del capital. Mientras en el primer trimestre 2017 las rentas del capital en España crecían un 5.7% las del trabajo lo hacían tan solo un 3,1%, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. Por lo tanto es urgente invertir esta tendencia.

La derecha se escuda en la macroeconomía que lo que realmente esconde es que de la crisis están saliendo los de siempre. Nosotros hablamos de la microeconomía de esas 71.599 personas en desempleo de las cuales más de la mitad están en la estacada sin ninguna cobertura. Y hablamos también de quienes a pesar de tener empleo no pueden llegar a fin de mes y viven en la más absoluta precariedad. Nadie puede decir, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que con este panorama hemos salido de la crisis.

Es imprescindible un cambio de nuestro modelo productivo ahora muy dependiente del sector servicios, especialmente en Aragón. Para que se hagan una idea de las poco más de 90.300 empresas que teníamos el año pasado, sin contar las explotaciones agrarias, casi 71.400 son del sector servicios. Es necesario un cambio de modelo productivo hacia sectores de mayor valor añadido, enfocada a una reconversión ecológica de la economía, con alta participación de lo público, y de la economía social, que mire al medio rural también, que pivote sobre el empleo joven y femenino y tenga en cuenta el papel de los autónomos y la pequeña empresa, sobre todo teniendo en cuenta que el 95% de nuestras empresas cuentan con menos de 9 personas trabajando.

¿Cómo se plantea el proceso de negociación de los presupuestos generales de Aragón de cara a 2018?

Como os decía, primero valoraremos el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en este ejercicio 2017 y que nos llevaron a votar favorablemente a las cuentas y después abordaremos el debate presupuestario del 2018. En materia de propuestas somos muy previsibles. En IU siempre ponemos sobre la mesa las necesidades de las personas y eso se traduce en: fiscalidad progresiva y justicia en lo económico para que pague más quien más tiene, defensa de los servicios públicos y fortalecimiento de lo público en el marco de la economía, lucha contra la precariedad y el paro, vertebración del territorio, por la igualdad efectiva, la recuperación de la memoria democrática…

El Plan aragonés de Saneamiento y Depuración de Aguas, creado por la coalición PP-PAR, se ha demostrado un auténtico desastre, tanto en su gestión como en su aplicación, como en el elevado coste económico. La gota que ha colmado el vaso viene con la aplicación del ICA por parte de la actual DGA y el respectivo cobro de un nuevo impuesto a los y las zaragozanas. ¿Cuál es la posición de IU Aragón en este sentido?

Exigimos la creación de una comisión de investigación sobre el plan de depuración y que, mientras se desarrolle, se establezca una moratoria. Este plan de depuración ha sido un verdadero desastre, no solo para Zaragoza, para el conjunto del territorio y claro, la aplicación del ICA es especialmente lacerante teniendo en cuenta lo que hay detrás, tanto para aquellos municipios como Zaragoza, que construyeron su depuradora, como para esos otros en los que, sin tenerla, por culpa del Gobierno de Aragón se les gira el impuesto por un lado mientras se les multa por no depurar. Es un dislate.

Ahora mismo estamos en el marco de una campaña informativa precisamente que nos permite explicarle a la gente que aquello que ya denunciamos desde IU hace años, cuando se fraguó este despropósito, tiene consecuencias directas sobre la población.

El problema no es el hecho tener un plan de saneamiento y depuración, al revés eso es necesario pero por supuesto no este, ni tampoco pagar un impuesto o no, desde IU siempre hemos defendido que el Estado debe recaudar de forma justa y progresiva los fondos precisos para el impulso de las políticas públicas a fin de garantizar derechos iguales para todos. Lo peligroso de este debate es que quiebra la confianza de la gente en lo público porque, una vez más, la incapacidad y la mala gestión hacen que la gente no vea avances, en este caso en materia de depuración, pero si tenga que pagar el pato.

¿Es su formación partidaria de la implantación de la Renta Básica Universal en Aragón?

La Renta Básica universal no deja de ser más que una propuesta entre todas las que intentan dar respuesta a un problema mucho más profundo: la desigualdad y a un objetivo: garantizar una existencia digna al margen de la lógica productiva.

Pero claro, abordar este problema sin repensar el conjunto de las causas que generan la desigualdad y evitan la justicia social situando la Renta Básica como la panacea no es del todo correcto a nuestro juicio.

En Aragón, quienes han perdido más renta durante la crisis han sido las personas pobres que hoy son mucho más pobres que las de hace 10 años.

Esto se debe a que el mercado de trabajo hoy genera cada vez más desigualdad y pobreza tanto para quienes se incorporan al mercado de trabajo (jóvenes y mujeres, especialmente) y pasan a engrosar las filas de precariado, aquellos personas que sufren los efectos de la dualidad en el mercado del trabajo y que siguen en la pobreza. Estos colectivos acaban fuera del sistema de protección porque no pueden generar derechos. Por lo tanto, lo prioritario será acabar con esta brecha social. En IU consideramos que antes de imponer un modelo incondicional (como la renta básica universal) de forma drástica hay que transformar radicalmente nuestro modelo de protección y bienestar pensado hace 40 años y que como decimos ahora ya no sirve.

Fortalecer los servicios públicos como mejor medida para luchar contra la desigualdad, avanzar en medidas no contributivas para los sectores que hoy se encuentran en situación de riesgo de exclusión, y mejorar la capacidad redistributiva y de recaudación en las políticas fiscales e impulsar el derecho efectivo al trabajo desde lo público, lo que venimos a llamar empleo garantizado es imprescindible también.

Cómo usted sabe, y legalmente refleja el Estatuto, Aragón es un país trilingüe, ¿qué medidas propone su formación en materia de política lingüística? ¿Cree que aragonés y catalán deben ser idiomas cooficiales junto al castellano?

Siempre hemos defendido las lenguas de Aragón y la cooficialidad y el aprendizaje de estas para que la ciudadanía aragonesa que habla aragonés y catalán tenga reconocidos sus derechos lingüísticos. Ya lo venimos haciendo desde 1997, en el Dictamen de la Comisión especial de estudio sobre la política lingüística en Aragón. Una ley ha de garantizar derechos y esa fue también nuestra posición en el debate sobre la Ley de Lenguas de 2009 que criticamos precisamente porque, además de no proteger las lenguas de Aragón, no garantizaba la cooficialidad ni algo tan básico como el derecho al aprendizaje “de” y “en” la lengua propia. En ese momento ya exigíamos que la cooficialidad y la enseñanza obligatoria en las zonas hablantes fueran los mínimos de partida para hacer efectivo el derecho de quienes hablan y utilizan las lenguas propias de Aragón. En 2013 la cosa llegó al esperpento de la mano de Rudi y del PP-PAR, con la derogación de la timorata ley de lenguas del 2009, y entramos en una nueva dimensión que nos llevó al ridículo mundial con el LAPAO y el LAPAPYP. La izquierda Plural llevó incluso esta nueva ley al constitucional que desestimó el recurso. ¿Qué hay que hacer? Lo que siempre ha exigido IU. Una Ley de Lenguas que proteja eficazmente las lenguas de Aragón y que garantice la cooficialidad, el aprendizaje y el derecho a uso de las lenguas propias de Aragón: castellano, catalán y aragonés en las zonas hablantes.

El Estatuto también reconoce que Aragón es una nacionalidad histórica, así mismo obliga a los gobiernos de Aragón y del estado español a alcanzar acuerdos bilaterales en financiación, infraestructuras, competencias, etc. ¿cree que se cumple la legalidad a este respecto? ¿Cuál es el modelo de estado que IU plantea para Aragón?

Evidentemente no se cumple la legalidad con respecto a la bilateralidad recogida en el artículo 108 de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero lo más lamentable es que nunca se ha hecho cumplir al Gobierno central por parte de los partidos que han tenido esa responsabilidad. Es lamentable leer como el presidente de Aragón nos diga que es un “avance histórico” el hecho de que Madrid se “siente a negociar con Aragón” cuando es una obligación legal que el Gobierno central debería haber cumplido hace años.

Estas situaciones se resolverían si, de una vez por todas, se avanzase hacia un modelo de Estado que garantizase de forma efectiva el encaje de todos los territorios que ahora componen el estado y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales en los mismos de todas las personas. IU siempre ha defendido una España federal para dar respuesta a todas estas cuestiones.

Álvaro Sanz, coordinador general de IU Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

Álvaro Sanz, coordinador general de IU Aragón. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo actualmente en Catalunya? ¿Cómo valora las acciones del Govern de Puigdemont? ¿Y la actuación del Gobierno del estado español de Mariano Rajoy, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, en la aplicación del artículo 155? ¿Por dónde pasa, a su juicio, la solución de los conflictos territoriales del estado español?

Empezando por el final. Lo que estamos viviendo es un ejemplo más, esta vez en lo referente al modelo territorial, de la descomposición del marco actual derivado de los acuerdo de 1978. Y digo un ejemplo más porque en materia de derechos fundamentales como el trabajo, el techo, la libertad de expresión esa quiebra hace mucho tiempo que se produjo. Hoy, lo que hemos venido a caracterizar como régimen del 78 está agotado. Y todas las voces que exigen su superación para la garantía efectiva de derechos y libertades colisionan con las fuerzas políticas, mediáticas y económicas a las que les va muy bien en la actual situación. Al punto de que prefieren apoyar la aplicación del 155 a abordar el problema concreto de Cataluña desde el dialogo y la negociación, porque eso supondría reconocer que el marco actual no es inamovible.

Con respecto al asunto concreto de Cataluña consideramos que en este país existe también un conflicto territorial que pasa, como decía antes, por diseñar un nuevo encaje en el que todos los pueblos y naciones que componen España decidan relacionarse de otro modo, para nosotros una República Federal que no concebimos sin Cataluña.

Dicho esto, desde IU no queremos hablar solo de la cuestión territorial, queremos hablar de un nuevo marco constitucional con contenido, que garantice la paz, la convivencia y la justicia social en nuestro país. El debate en torno a las banderas está sirviendo para esconder los problemas de la gente, también en Cataluña. Y eso les interesa por igual a la derecha catalana y a la española. El PDCAT tras la votación del 155 en el senado no tuvo ningún reparo en coincidir con el PP en la votación del CETA, el tratado económico con Canadá que supondrá la pérdida de soberanía frente a los intereses de las grandes empresas multinacionales de ambos países y que precarizará más si cabe nuestras vidas.

Estos días hemos podido comprobar cómo los movimientos de ultraderecha campan a sus anchas –manifestaciones, agresiones, etcétera- con el beneplácito de las administraciones competentes. ¿A qué cree usted que es debido?

La derecha española ha aprovechado la cuestión catalana para despertar los peores sentimientos en torno a la cuestión nacional en este país. Ha reaccionado ante este conflicto echando mano de la represión y usando para ello todos los mecanismos a su alcance: las fuerzas de seguridad del estado, el ámbito parlamentario y la justicia, especialmente la fiscalía y la Audiencia Nacional. Lo ha hecho de forma absolutamente desproporcionada, y abordando un problema político por la vía judicial y represiva porque sabía que se daban las condiciones para ello.

No es accidental, ni espontanea, la impunidad con la que la extrema derecha se visibiliza hoy. Las simpatías generadas en el conjunto de la población en torno al discurso binario de lo español y lo antiespañol, del patriota frente al delincuente y del vencedor y el vencido de los que se autodenominan “el bloque constitucionalista” en especial del PP, son un caldo de cultivo inmejorable para el avance de las posiciones de la ultraderecha que hace 10 años sería impensable.

Pero debemos recordar que en este país estas condiciones se han venido generando desde hace tiempo: cuando se criminalizaba la protesta social o se restringía el derecho a huelga y se encarcelaba a sindicalistas, activistas o antifascistas; cuando en la escuela se imponía la religión, o se segregaba por cuestiones económicas; cuando se privatizaba lo público.., además ya habíamos tenido muestras de su éxito: la más flagrante es que el PP, el partido más corrupto de Europa, sea la fuerza más votada y siga gobernando nuestro país gracias al PSOE.

Para combatir el avance de la ultraderecha debemos recuperar el debate ideológico, la calle y nuestros derechos dejando claro, por la vía de los actos, que para nosotras el fascismo no tiene ningún encaje en nuestra sociedad.

En lo que llevamos de año, y según el observatorio Feminicidio.net, 86 mujeres han sido asesinadas en el Estado español. ¿Por dónde pasa la solución a esta lacra que tanto nos afecta como sociedad?

Desde IU seguimos defendiendo una Ley Integral contra la Violencia Machista que incorpore todo tipo de violencia contra las mujeres, sean física, psicológica, económica o sexual, y cualquiera que sea su ámbito de manifestación: familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional, en los que debe incluirse actuaciones específicas dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad. Una ley en cuya elaboración se cuente y reconozca el papel jugado por las organizaciones de mujeres y los movimientos feministas a lo largo de los años y entre otras muchas cuestiones recoja y explicite todas formas esenciales de violencia contra las mujeres también la explotación sexual que supone la prostitución y los ‘vientres de alquiler’, eso que han venido a llamar maternidad subrogada.

El pasado mes de septiembre nos abstuvimos en la votación sobre el “Pacto contra la Violencia de Genero” que se produjo en el Congreso porque padece de una falta de visión integral contra la violencia machista. De hecho se ha desaprovechado una magnífica oportunidad para rectificar y mejorar la Ley de Violencia de 2004, que sólo reconoce la violencia en el ámbito de la pareja/ex pareja o en el sexual. No hay ninguna garantía presupuestaria y tampoco se concreta el calendario de cumplimiento, elementos fundamentales para evitar que se quede en una foto y sirva realmente para combatir eficazmente la lacra de la violencia machista. El patriarcado impregna nuestras vidas y define nuestra sociedad de forma constante e insoportable. El juicio a los violadores de Pamplona es tan solo un ejemplo terrorífico que, de forma obscena, nos devuelve la imagen de una sociedad enferma en la que la víctima acaba siendo culpabilizada. Ninguna declaración institucional puede combatir el daño que hacen determinados tratamientos mediáticos o procedimientos judiciales.

19 noviembre, 2017

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