Política

Alto Aragón en Común considera que la resolución judicial no ofrece ni una reparación simbólica

“No es disparatado solicitar una acción disuasoria para evitar nuevas agresiones a los bienes culturales irremplazables como el que nos ocupa, máxime cuando demasiadas decisiones judiciales son recibidas con escepticismo por la sociedad", subrayan
| 7 noviembre, 2018 11.11
Alto Aragón en Común considera que la resolución judicial no ofrece ni una reparación simbólica
Cuevas de Chaves.

Victorino Alonso, empresario leonés propietario del conocido como coto de Bastarás, eludirá la prisión por el gravísimo atentado patrimonial cometido en la Cueva de Chaves en octubre de 2007, circunstancia que para Alto Aragón en Común supone una “enorme decepción” en la necesaria política de defensa de la cultura que debería ser fundamental en todos los estamentos públicos, incluido en mundo de la Justicia.

“El considerado por la magnitud de sus negocios rey del carbón, es hoy, paradójicamente un jubilado sin recursos que debe hacer frente con parte de su pensión al pago de una indemnización por la responsabilidad civil ante la destrucción de uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la península”, denuncia esta plataforma ciudadana que añade que “la resolución judicial no ofrece a la sociedad ni siquiera una reparación simbólica por la destrucción irreversible de la Cueva de Chaves”.

La personación en el “incomprensiblemente lento y dilatado proceso judicial”, de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, así como de Ecologistas en Acción, ambas entidades garantes, respectivamente, de la conservación patrimonial y natural, y vigilantes frente a atropellos y expolios de cualquier índole, venía a otorgar al procedimiento una dimensión social, considera Alto Aragón en Común, de enorme responsabilidad y trascendencia.

Por ello, ambas instancias, así como el Gobierno de Aragón, igualmente personado, y la propia Fiscalía, solicitaban el ingreso en prisión del acusado, pero merced a una decisión judicial, que la confluencia oscense considera “difícil de comprender”, el condenado quedará libre.

Arruinar deliberadamente un patrimonio de la riqueza arqueológica del que albergó la Cueva de Chaves debería, para la plataforma, conllevar un severo reproche, no solo social si no también judicial, puesto que supone un daño irreparable para el conocimiento científico y la divulgación histórica.

“No es disparatado solicitar una acción disuasoria para evitar nuevas agresiones a los bienes culturales irremplazables como el que nos ocupa, máxime cuando demasiadas decisiones judiciales son recibidas con escepticismo por la sociedad y criticadas por su escasa relevancia ejemplificadora”, subrayan desde la plataforma.

Finalmente, Alto Aragón en Común reclama de la Consejería de Cultura del Gobierno Aragonés, la máxima protección y celo en la custodia del patrimonio, herramienta fundamental de aprendizaje y disfrute para el mundo contemporáneo y también para el futuro.

7 noviembre, 2018

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