La Red Española de Ciudades por el Clima (RECC) es una sección formada por los ayuntamientos que voluntariamente han decidido formar parte de la misma y asumir determinados planes y medidas de actuación climática para la reducción efectiva de los gases de efecto invernadero en los ámbitos del transporte, la energía, la edificación y el urbanismo, así como poner en marcha procesos de participación ciudadana para el desarrollo de dichas medidas.
Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores, integradas a su vez en otras plataformas ciudadanas, cuyo fin es colaborar en la puesta en marcha de políticas climáticas adecuadas, sensibilizando a la sociedad y realizando propuestas a las diferentes administraciones. Una de sus líneas de actuación esta enfocada a la interacción con las entidades locales.
Tanto Alianza por el Clima como la RECC persiguen el objetivo común de implementar a nivel local medidas climáticas eficaces que beneficien a la ciudadanía y tengan un impacto climático y ambiental positivo. Este convenio potenciaría la colaboración de los gobiernos municipales con una amplia plataforma de la sociedad civil.
Existen muchos sectores y colectivos sociales representados en Alianza por el Clima a los que les afecta negativamente el cambio climático, y que están por tanto interesados en que se pongan en marcha medidas para reducir las emisiones y para adaptarse a los efectos, ya visibles, del cambio climático.
Entre ellos, los vecinos y las vecinas, las personas consumidoras y usuarias a los que les afectan las olas de calor, el coste de los suministros energéticos y de agua o el aumento de contaminantes atmosféricos derivados de altas temperaturas. O a las ONG de desarrollo, de acción social que les preocupa la vulnerabilidad climática de los sectores y países más desfavorecidos en relación con los medios de subsistencia, la habitabilidad de las viviendas, la falta de suministros o alimentos por las sequías o las migraciones.
A los trabajadores y las trabajadoras por los problemas de salud en sectores expuestos a las altas temperaturas por trabajar al aire libre en épocas de calor, o por los empleos que se pueden perder como consecuencia de las medidas de mitigación o que se pueden crear por desarrollar sectores económicos más verdes. O a los agricultores y agricultoras a quienes les afectan las pérdidas de cultivos como consecuencia de las alteraciones climáticas y las sequías. O a las organizaciones ambientales que ven como aún queda mucho camino entre las necesidades de reducción de emisiones de gases de invernadero y la lentitud de las medidas que realmente están adoptando los gobiernos.
