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Acuerdo histórico en Aragón para condenar el golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista

A iniciativa de CHA, todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón han decidido de manera unánime condenar, entre otros aspectos, el golpe de Estado franquista de 1936, y reclamar al Ejecutivo que “prosiga con los actos tendentes a profundizar en el reconocimiento y difusión del denominado ‘Estatuto de Caspe’ de 1936” y del Consello d'Aragón
| 1 julio, 2016 07.07
Acuerdo histórico en Aragón para condenar el golpe de Estado de 1936 y el régimen franquista
Memorial a las víctimas del franquismo en el Cementerio de Torrero. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo)

El día 29 de junio de 2016, será recordado por ser la primera vez en la que todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, decidieron de manera unísona a iniciativa del Grupo Mixto (CHA e IU), condenar de forma explícita el golpe de Estado franquista de 1936 y reclamar al Ejecutivo que “prosiga con los actos tendentes a profundizar en el reconocimiento y difusión del denominado ‘Estatuto de Caspe’ de 1936” y del Consello d’Aragón.

El parlamentario del Grupo Mixto, Gregorio Briz de CHA, ha defendido esta iniciativa; Fernando Galve del Partido Popular ha presentado hasta tres propuestas de modificación al texto original, mientras que, por parte del resto de grupos, han participado Darío Villagrasa del PSOE, Alfonso Clavería de Podemos, María Herrero del PAR y Ramiro Domínguez de Ciudadanos, en un intenso debate.

El texto final aprobado ha quedado de la siguiente manera:

“Las Cortes de Aragón acuerdan:

– Condenar el golpe de Estado que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en España y el “régimen de dictadura militar” que se constituyó posteriormente.

– Instar al Gobierno de Aragón a proseguir en la defensa y fomento de los valores democráticos y el Estado de Derecho, así como con las actuaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición adicional décima de la ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativa a la aprobación de una ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes.

– Reclamar al Gobierno de Aragón a que prosiga con los actos que se consideren más adecuados tendentes a profundizar en la investigación, reconocimiento y difusión del denominado “Estatuto de Caspe” de 1936, en la línea de lo que se ha comenzado a realizar este año, conmemorando, con sendos actos, su 80 aniversario, tanto el pasado 23 de abril de 2016 como el 6 de junio de este mismo año.

– Solicitar al Gobierno de Aragón la puesta en marcha de cuantas actuaciones se consideren necesarias para valorar, difundir, dignificar y reconocer el “papel institucional” del denominado “Consejo de Aragón”, así como incluirlo entre los contenidos educativos aragoneses”.

– Rechazar cualquier tipo de actuación que pretenda ahonda en los enfrentamientos entre aragoneses”.

Además, el hemiciclo aragonés ha apoyado de forma unánime un avance en los mecanismos previstos en la Ley de Memoria Histórica a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Ciudadanos ha recabado el apoyo de todos los grupos parlamentarios para un texto que también apuesta por “contactos con los gobiernos de las comunidades autónomas en los que se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado”.

Ramiro Domínguez de Ciudadanos, ha sido el encargado de defender la propuesta de su formación en un debate en el que también han participado Fernando Galve del Partido Popular, Darío Villagrasa del PSOE, que ha visto incorporada una enmienda ‘in voce’ a la propuesta, Alfonso Clavería de Podemos, María Herrero del PAR y Gregorio Briz de CHA.

El texto aprobado tiene la siguiente forma:

“Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a:

1. Instar al Gobierno de España a avanzar con una dotación presupuestaria suficiente en los mecanismos previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

2. Establecer contactos con los gobiernos de las comunidades autónomas en los que se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados durante el periodo de la guerra civil y la dictadura, a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado.”

La memoria histórica en Aragón, como todos los territorios del Estado español, puede empezar a recuperar con este acuerdo parte del recorrido que perdió con la llegada al poder del Partido Popular. Aunque si bien es cierto, la Ley de Memoria Histórica presentaba una serie de problemas que obstaculizaban seriamente las acciones que los familiares debían emprender, a la hora de recuperar los restos de sus víctimas y así darles un entierro digno.

De esta manera y con la firma de este documento, el gobierno de Aragón cuenta con la legitimidad suficiente para coordinarse con otros Estados en lo que se tenga la certeza de que existan restos de aragoneses y aragonesas asesinadas durante la guerra civil y la dictadura, para poder reclamar su regreso a Aragón.

De un tiempo a esta parte, las subvenciones que antes se otorgaban para este tipo de labores de recuperación de restos han desaparecido de manera absoluta. Ya lo dijo Rajoy en 2008, él no era partidario de dar dinero público para recuperar el pasado, ni un solo euro para estos fines. Dicho y hecho. En 2012, el Partido Popular comenzó por cerrar la oficina de atención a las víctimas que se abrió en el año 2008.

Los años posteriores, la partida económica de los presupuestos destinada a la apertura de fosas resultó ser de cero euros. Con este panorama de negación en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica a los familiares de las víctimas de la guerra civil, no les ha quedado otro remedio que utilizar sus ahorros para costear tareas con las que poder exhumar los cuerpos de sus familiares y enterrarlos de una forma digna.

De las casi 2.400 fosas localizadas en el Aragón y en el Estado español, tan solo se han abierto 400 de ellas. Para Rajoy, el dinero público no se puede utilizar en estos menesteres.

Por otra parte, el acuerdo también insta al Gobierno de Aragón a “profundizar en la investigación, reconocimiento y difusión del denominado ‘Estatuto de Caspe’ de 1936”, una reivindicación de suma importancia, y en la que este año se conmemora el 80 aniversario, y en la reivindicación del Consello d’Aragón.

Resulta indispensable reconocer la labor de quienes en junio de 1936 elaboraron el anteproyecto de lo que debió ser el Estatuto de Autogobierno de Aragón. Éste, resultó ser el primer impulso al reconocimiento del aragonesismo, e incluía la transferencia de competencias en materia de Hacienda, administración de justicia, educación y orden público.

Este proyecto político se convirtió incluso en más ambicioso que el actual Estatuto. Y aunque no pasó de ser más que un anteproyecto, el golpe de Estado franquista de 1936 y la guerra que se desencadenó frustraron cualquier alternativa de negociación, pasará a la historia de Aragón por derecho propio al ser el primero en proponer tal capacidad de autogobierno.

1 julio, 2016

Autor/Autora

Miembro del Consello d'AraInfo. @mr_belbedere


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