El pasado jueves, 22 de marzo, y coincidiendo con el Día Mundial del Agua, 50 organizaciones y entidades de la sociedad civil presentaban en el Congreso español el ‘Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública’.
Aseguraban de esta forma que el momento actual es “realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones, y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles”.
Todo ello resulta, a su juicio, “imprescindible” para cumplir con la Directiva Marco del Agua y el resto de compromisos europeos en esta materia.
Relatan además que afrontan “presiones privatizadoras, tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento, e incluso de la gestión del regadío”.
“Sin embargo el anunciado Pacto Nacional del Agua impulsado por el Gobierno del Partido Popular, previsiblemente sigue propugnando la construcción de infraestructuras y trasvases intercuencas, así como la mercantilización del recurso a través de los mercados del agua y los procesos de privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento”, aseveran.
Frente a ello, cincuenta organizaciones de las sociedad civil han elaborado, consensuado y presentado en el Congreso español el ‘Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública’.
Lo definen como un “hito histórico”, dada la relevancia de sus contenidos, el grado de consenso alcanzado, y la magnitud y significación del apoyo entre organizaciones representativas de un sector muy importante de la sociedad.
En este sentido cabe que destacar que las 50 organizaciones que suscriben este ‘Acuerdo Social por el Agua’ dibujan un amplio espectro social de apoyo al mismo, que incluye a redes de defensa del agua y los ríos, organizaciones de defensa de la gestión pública del agua, organizaciones ambientales, organizaciones sindicales, entidades ligadas al ámbito rural y agrario, consumidores, consumidoras y entidades que promueven los usos recreativos sostenibles en los ríos, entre otras.
Un acuerdo basado en cinco ejes
Este ‘Acuerdo Social por el Agua’ se articula en torno a cinco ejes. El primero de ellos consiste en “detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, y revisar los existentes, eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias territoriales”.
El segundo de los ejes recoge “detener el crecimiento de las demandas de agua para adaptarlas a la reducción de caudales que impone el cambio climático, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas y pasando de estrategias de oferta a la gestión de la demanda”.
“Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas”, es parte del tercer eje de este ‘Acuerdo Social por el Agua’
Al igual que la incorporación “a la normativa en el más alto nivel posible” el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, y la reversión de los “procesos de mercantilización del agua y de privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento”.
El quinto y último de los ejes consiste en “acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al transformar el agua y los servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados”, para lo que, en su opinión, resulta “necesario promover una plena transparencia y una participación ciudadana efectiva, entre otras medidas”.
