El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la cancelación del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo el que están amparados cerca de 190.000 salvadoreños y salvadoreñas en territorio estadounidense.
Según el comunicado lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, el plazo vencería el 9 de septiembre de 2019. "Para permitir una transición ordenada, la fecha de vigencia de la terminación de TPS para El Salvador se retrasará 18 meses para dar tiempo a las personas con TPS para organizar su partida o buscar un estado de inmigración legal alternativo en los Estados Unidos, si es elegible . Los salvadoreños en los Estados Unidos que se beneficiaron del TPS aún pueden recibir otras protecciones bajo nuestro sistema de inmigración para el cual son elegibles", explicaba la Secretaría del DHS en el comunicado.
Para continuar viviendo en Estados Unidos por esos 18 meses, los salvadoreños y salvadoreñas deberán reinscribirse al programa como lo han hecho en los últimos años, según ha informado el canciller salvadoreño Hugo Martínez en una rueda de prensa en la que también participó la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes.
Según el DHS, la cancelación del TPS es consecuencia del final de las condiciones causadas por el terremoto del 2001 que dieron origen al beneficio y por tanto "la designación actual de TPS debe ser finalizada", además, según asegura en su comunicado las autoridades salvadoreñas no han sido hábiles en impulsar el retorno de sus conciudadanos.
La decisión ha sido tomada unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos pese a las reiteradas peticiones del gobierno salvadoreño, e incluso de la exembajadora norteamericana en El Salvador, Maricarmen Aponte, para que esto no sucediera.
Aponte publicó una durísima carta en la revista The Washington Times en la que mostraba su preocupación por que “la administración Trump socave la seguridad de -América- si decide negar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los salvadoreños que han vivido y trabajado legalmente en los Estados Unidos durante casi 20 años".
El TPS de El Salvador fue otorgado por primera vez en 2001, a raíz de dos terremotos. La última extensión fue dada por el expresidente Barack Obama en 2016. En ese momento, el DHS estuvo de acuerdo en que las condiciones que originaron el TPS "aunque estrictamente temporales", continuaban vigentes.
Una vez terminada la protección del TPS y de no haber tramitado una estancia permanente en los Estados Unidos, los y las salvadoreñas volverían a un estatus anterior, lo que les convertiría en ilegales y por ende, en potenciales deportados al país con mayor índice de violencia de la zona, y con un índice de pobreza por encima del 40%.
De acuerdo al Centro para los Estudios Migratorios (CMS), la mayoría de inmigrantes con TPS trabajan en el sector de la construcción. Terminar con los TPS de centroaméricanos y haitianos impacta la vida de unos 300.000 jóvenes nacidos en Estados Unidos.
Según Kevin Appleby, del CMS, "la decisión sobre El Salvador es particularmente perjudicial, no solo desarraigará a las familias y los niños que han vivido aquí durante años, sino que también desestabilizará aún más a un país ya de por sí violento". "Es increíblemente corto de miras y mina nuestro interés en una América Central estable", advirtió Appleby, en referencia a la decisión de la administración Trump.
El impacto económico también se sentiría, ya que datos de la Oficina del Censo recogen que terminar con el TPS llevaría a la pérdida de 31.000 millones de dólares del PIB de Estados Unidos en una década.
Otros países en el ojo del huracán
El TPS del que se benefician Honduras y Nicaragua se originó el 5 de enero de 1999 tras el paso del devastador huracán Mitch. Honduras tiene a casi 60.000 beneficiarios del estatus y Nicaragua alrededor de 6.000.
En la actualidad hay diez países con TPS, aunque el de Sudán expira en noviembre de 2018 y el gobierno norteamericano ya ha anunciado que denegará este estatus a 60.000 haitianos, a quienes se les extendió el TPS solo por seis meses y bajo la advertencia de que deberían de preparar su retorno a su país de origen.
Desde junio, el entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, había advertido que el TPS debía finalizar. Kelly, que ahora es la mano derecha del presidente Trump en la Casa Blanca, aseguró entonces que el TPS “no es para que se queden aquí hasta que su país esté reconstruido, rico, con todo el mundo feliz y con 0 % de desempleo".
