Recurso en el Constitucional contra dos agentes de la Guardia Civil en Fraga por supuesta ocultación de pruebas

Para la Asociación Ciudadana de Defensa de Derechos y Libertades, el archivo de la causa vulnera gravemente el derecho a la acción popular. El Alto Tribunal español ya ha registrado el Recurso de Amparo, que esperan sea admitido a trámite.

Juzgados de Fraga.

La Asociación de Acción Ciudadana de Defensa de Derechos y Libertades, con sede en el Baix Cinca, ha presentado ante el Tribunal Constitucional un Recurso de Amparo ante el archivo de la querella interpuesta contra dos guardias civiles del cuartel de Fraga por supuesta ocultación de pruebas.Para la Asociación, el archivo de la causa por parte del Juzgado número 1 de Fraga y ratificado por la Audiencia de Uesca, en base a la falta de legitimación de los demandantes para ejercer la acusación particular, “vulnera el derecho recogido en el ordenamiento jurídico a ejercer la acción popular contra personas que supuestamente hayan cometido un delito; la falta de fundamento legal para archivar la querella nos obliga a acudir al Tribunal Constitucional y a las Instancias que consideremos oportunas”, pero además la Audiencia, “actúa de manera muy tibia en cuanto a las irregularidades cometidas por los presuntos querellados funcionarios públicos a miembros del cuerpo de la Guardia Civil y por supuesto sin mancillar el buen hacer de los miembros de dicha institución, precisión que es necesaria hacer”, apuntan desde la Asociación.

El Alto Tribunal español ya ha registrado el Recurso, y desde la Asociación se espera que sea admitido a trámite.

Los hechos denunciados por la Asociación de Acción Ciudadana de Defensa de Derechos y Libertades en el Baix Cinca, se remontan al 30 de mayo de 2014, sobre las 23.00 horas, cuando una mujer con las iniciales de G.S. y de nacionalidad lituana, recibía un disparo en la cara procedente de una escopeta de aire comprimido cuando paseaba en compañía de su hermana y su madre por la Avenida de Aragón de Fraga, hechos que dieron lugar a la apertura de Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Fraga, que cerró el caso por falta de pruebas unos meses después de la apertura del procedimiento.

La querella criminal contra los agentes destinados en Fraga fue presentada en junio de 2017, denunciando la Asociación que el anterior proceso de instrucción seguido en el Juzgado número 2 de la localidad bajocinqueña, “estaba plagado de graves irregularidades con presunta ocultación de pruebas por parte de los dos agentes encargados de la misma, no tomándose declaración a la madre de la víctima pese a ser citada junto a ella y su hermana el 20 de junio de 2014 en dependencias policiales, por falta de conocimiento del idioma castellano, y sin facilitársele un intérprete”. Por su parte y respecto a la declaración de la hermana de la víctima, realizada el 20 de junio de 2014 sobre las 12.00 horas, “no fue aportada al Juzgado hasta el 29 de septiembre de 2015, no siendo la firma de la declarante original, lo que hace sospechar que fue presuntamente manipulada en la instrucción, escaneada la firma y pegada al documento enviado a sede judicial.”

En la querella también se recogía que, “esta presunta ocultación de pruebas por parte de los querellados, dificultaron enormemente la instrucción judicial del caso, obedeciendo presuntamente la actitud de los agentes a criterios xenófobos por ser la víctima de origen extranjero, privando a esta persona de derechos fundamentales al ocultar la línea de investigación para averiguar el autor del disparo.”

La querella presentada en el Juzgado de Fraga recogía la presunta comisión de siete delitos tipificados en el Código Penal y de otro delito contra los derechos fundamentales y de las libertades públicas, penados con de entre seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para desempeño de empleo público por el tiempo de entre uno y seis años.

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