El pleno del Ayuntamiento de Utebo, celebrado el pasado jueves, día 10 de noviembre de 2016, aprobaba una moción, a instancias de Chunta Aragonesista (CHA) que rechaza la decisión del gobierno español de recurrir ante el Tribunal Constitucional los artículos 1, 9 y 12, así como las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera y la Disposición Adicional Cuarta del Decreto Ley del Gobierno de Aragón sobre medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas, pobreza energética y acceso a la vivienda.
El portavoz de CHA en Utebo, Juan Jesús Gericó Díez, explicaba que pese a haber sido aprobada, "el rechazo del PP vuelve a demostrar que los intereses de partido están por encima de las necesidades reales de las personas que sufren este tipo de problemas de vivienda en Aragón".
La propuesta se aprobó en las Cortes de Aragón pese a la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP. Desde CHA recuerdan que el Gobierno de Aragón aprobó un Decreto Ley el pasado 15 de diciembre sobre medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas, pobreza energética y acceso a la vivienda para paliar la delicada situación de emergencia social que atraviesa una parte importante de la sociedad aragonesa que ha derivado en la consecuente disminución de los ingresos de las familias, impidiendo la satisfacción de las necesidades de vivienda o generando dificultades para afrontar otros gastos necesarios. Lo que ha conducido a estas personas a una situación de precariedad e imposibilidad de vivir con dignidad y una mínima calidad de vida.
Sin embargo, como respuesta al mismo, el Gobierno de España anunció el pasado 16 de septiembre un recurso contra los artículos 1, 9 y 12, así como las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera y la Disposición Adicional Cuarta. Los preceptos contra los que va el recurso del gobierno español se refieren a la inembargabilidad de las prestaciones económicas de carácter social, la suspensión de los lanzamientos en situación de especial vulnerabilidad hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la administración y la que obliga a las entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SA, a poner a disposición del Gobierno de Aragón las viviendas que sean de su propiedad y provengan de procedimiento de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas con garantía hipotecaria. Todo lo anterior, sin respuesta desde el Estado español para paliar la grave situación que atraviesa buena parte de la ciudadanía aragonesa.
