11 personas asesinadas y 38 detenidos en México por luchar contra el embalse de La Perota

El pasado 7 de enero fue detenido el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Perota (CECOP) Marco Antonio Suástegui y otras 37 personas tras un ataque de la policía del estado de Guerrero a las comunidades indígenas que luchan contra la construcción de una presa hidroeléctrica

El pasado 7 enero, según el Consejo Indígena de Gobierno, se produjo un ataque en el estado de Guerrero, México, hacia la comunidad indígena por parte de la policía, el ejército y la Armada de México en la que resultados asesinadas 11 personas. A esto se le suma la detención de 38 personas, entre ellas, el líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui. Un colectivo que lucha contra la construcción de una presa hidroeléctrica y la entrada de empresas trasnacionales en territorio indígena.

El estado de Guerrero ha tratado el incidente como un conflicto entre civiles y asegura que Marco Antonio Suástegui es es el responsable de la muerte de estas 11 personas. Sin embargo, para la vocera del Consejo Indígena de Gobierno y candidata a la presidencia de la república Maria de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, los miembros de las comunidades del c detenidos no son delicuentes sino que defensores de “su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor”.

Mientras, al otro lado del charco, la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET) han querido lanzar un mensaje de apoyo al líder del CECOP y demandan su inmediata libertad “tras su detención injustificable” y han añadido que “condenamos los asesinatos y detenciones sufridas y el intento de criminalización que están sufriendo por parte de las autoridades mexicanas”.

“Exigimos que cesen los ataques que sufren los afectados por la presa de La Parota, en el estado de Guerrero, de los cuales, los sucesos de este pasado fin de semana son un buen ejemplo, de cómo a través del miedo y la represión se intenta amedrentar a la población”, han añadido tras exigir que las Comisiones Estatal de Guerrero y Nacional de Derechos Humanos investiguen estas ejecuciones extrajudiciales, tal como está demandando la CRAC.

La policía comunitaria

Entre las personas asesinadas se encuentran 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero).

Tras la escalada de violencia y el clima de inseguridad que vivían los y las campesinas de estas zonas y ante la insensibilidad que mostraban las autoridades de Guerrero, en 1995 decidieron en asamblea organizar sus propios grupos de seguridad a través de un sistema de cargos.

El objetivo era el servicio y protección de las comunidades indígenas que eran contínuamente asaltadas en los caminos a la hora de transportar las cosechas de café, muchas de estas incursiones acababan con asesinatos y violaciones.

Con los años la CRAC-PC se ha extendido y ahora integra tanto comunidades campesinas mestizas como población urbana. En definitiva, se ha convertido en una institución comunitaria regional y pluriétnica en la que participan unas 150 localidades de cuatro étnias diferentes y se calculan que existen alrededor de 20.000 ciudadanos armados en grupos de autodefensa y seguridad. Además, su labor se ha extendido y actualmente representa uno de los principales obstáculos para los intereses de las empresas capitalistas.

“Somos los que tenemos y protegemos la tierra, somos los que ya acumulamos tanto luto, dolor y rabia, que no queda espacio ni tiempo para el miedo, sino la urgencia de tumbar este monstruo, esta enfermedad letal para la vida que se llama capitalismo”, ha explicado Marichuy en un alegato en defensa de las víctimas del ataque.

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