La Fiscalía pide hasta 10 años de cárcel para 12 acusados por las Marchas de la Dignidad

La Fiscalía pide penas de entre seis y diez años de prisión para doce personas por su presunta participación en los disturbios de las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014, al considerarles responsables de los delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Algunas de las y los detenidos denunciaron malos tratos en comisaría.

Las Marchas de la Dignidad en Madrid el 22 de marzo de 2014. Foto: Mariano Alfonso (Archivo)

Fuentes jurídicas han informado de que todas ellas se sentarán en el banquillo de los acusados, una vez el Juzgado de Instrucción número 30 ha acordado la apertura de juicio oral.

El juez ha dado traslado de la causa a los Juzgados de lo Penal de Madrid, que deberán fijar la fecha de la vista oral contra las doce personas acusadas, cuyos abogados tendrán que presentar los correspondientes escritos de defensa.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para nueve de ellos, ocho años para otros dos y hasta diez años para uno de los encausados. Además, el juzgado les obliga a presentar fianzas que van de los 300 hasta los 13.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La noche del 22 de marzo de 2014, la entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ordenó a la policía española su intervención contra las personas que se manifestaban y contra quienes intentaban acampar en Madrid. Los antidisturbios intervinieron duramente provocando varias personas heridas y 29 fueron detenidas entre las personas que participaban en las Marchas de la Dignidad.

Como recuerda Diagonal, dos de los detenidos, Miguel e Isma, estuvieron en prisión provisional dos meses, hasta que en junio de ese año el juzgado admitió el recurso presentado por su defensa, en el que se explicitaba que “no hay pruebas válidas en su contra” y las “contradicciones de las acusaciones policiales”, según contaba entonces su abogado, Erlantz Ibarrondo.

Además, algunas de las y los detenidos denunciaron malos tratos, violencia verbal, y acoso psicológico en comisaría.

En este sentido y al margen de esta causa, la Audiencia de Madrid tiene pendiente resolver el recurso de apelación presentado por los doce colectivos sociales que se querellaron contra Cifuentes, ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, por las cargas policiales que se produjeron en las marchas y que el juez archivó el pasado 13 de julio.

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