El Chusticia d'Aragón insta a las administraciones a "actuar ya" contra la exclusión social

En un Informe del Chusticia se analiza la realidad que viven las personas sin recursos, las consecuencias derivadas de las situaciones de necesidad y se proponen medidas concretas para “paliar la gravedad de las mismas con el fin último de avanzar en la integración social plena de estas personas”

El Chusticia d’Aragón, Fernando García Vicente, presentó este lunes, en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón, el Informe especial titulado “Personas en situación de exclusión social en Aragón” en el que se analiza la realidad que viven las personas sin recursos, las consecuencias derivadas de las situaciones de necesidad y se proponen medidas concretas para “paliar la gravedad de las mismas con el fin último de avanzar en la integración social plena de estas personas”.

Para la elaboración del Informe se recabó información por escrito de la Administración aragonesa, de los Ayuntamientos de Uesca, Zaragoza y Teruel, de otros municipios de Aragón, de sindicatos y organizaciones sociales. Asimismo, tanto el titular de la Institución como los asesores responsables del Informe mantuvieron una veintena de reuniones con diversas instituciones, fundaciones y asociaciones cuyo trabajo consiste en ayudar a personas excluidas y en riesgo de exclusión para mejorar su calidad de vida.

La exclusión social es un fenómeno que se ubica, sobre todo, en las grandes poblaciones. "En las poblaciones de tamaño medio existe un pequeño grupo de transeúntes sin arraigo, a los que la Administración local en función de sus recursos proporciona comida y alojamiento de manera puntual y otro grupo con arraigo, conocido por los Servicios Sociales locales y comarcales que reciben un trato similar al que opera en las capitales de provincia con el añadido de la solidaridad vecinal", expone el Informe.

Zaragoza, es la capital donde se contabilizan un mayor número de personas en situación de necesidad. En 2015, Cáritas atendió 14.000 personas. En consecuencia, también en la capital aragonesa existe una mayor infraestructura tanto pública, como el Albergue Municipal que en 2014 atendió a 2.384 personas, como privada, gestionada por entidades sociales que garantizan alimento y alojamiento de urgencia. Cabe mencionar el Comedor de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen que en 2015 dio 60.000 comidas, el Refugio que ofreció 22.887 desayunos, o el Centro San Antonio con una media de 2.122 comidas al mes. En Uesca, en 2014, los servicios ofrecidos por el comedor social ascendieron a 27.614, con una media de 76 diarios, entre desayunos, comidas cenas y bocadillos y el de Teruel, gestionado por Cáritas, sirvió 1.500 comidas y cenas y en el albergue se alojaron 931 personas. El Banco de Alimentos repartió 5 millones de kilos a 38.800 personas.

"La desigual distribución de la pobreza requiere reorganizar los Servicios Sociales con el fin de incrementar los recursos materiales y humanos en las localidades y comarcas dónde hay más personas necesitadas", afirma el Chusticia d'Aragón, Fernando García Vicente. En el caso de Zaragoza, el Informe sugiere "una mayor dotación de personal en los Centros Municipales de Servicios Sociales para que sea viable el necesario seguimiento individual de cada persona, así como la mejora de la coordinación con el IASS, en particular para la tramitación del IAI, otorgando preferencia al criterio del trabajador social municipal, para evitar diferencias que retrasos en la concesión de estas ayuda". En este sentido, cabe recordar que la consejera Luisa Broto anunció este lunes que los servicios sociales de Zaragoza aumentarán la plantilla para mejorar la atención de los derechos básicos.

También entiende el Chusticia, que los Ayuntamientos y Comarcas de territorios con mayor presencia de personas extranjeras empleadas en la agricultura, itinerantes o no, precisan de "más medios personales y materiales para mejorar la atención, ayuda y asesoramiento". Asimismo, la reorganización de los servicios sociales pasaría por "una unificación de los criterios de los convenios que firma la Administración aragonesa con Ayuntamientos y Comarcas para financiar la asistencia social y que estos convenios sean firmados a principios de año".

En cuanto al perfil de la persona necesitada, el análisis de la información recabada revela que no existe un perfil único de "persona en riesgo de exclusión o directamente al margen de la sociedad", sino que se trata de un grupo heterogéneo, cuyos miembros tienen en común la falta de recursos económicos. Además, en los casos en los que la carencia de recursos económicos vaya unida a una situación personal o familiar de desarraigo social, el Chusticia insiste en actuar de forma integral con la persona y/o familia, ya que "la satisfacción de las necesidades más básicas debe ir acompañada de un proyecto de vida que permita alcanzar la autonomía a través de la educación, en el caso de las y los más pequeños, y de la formación para el empleo y la inserción laboral para las personas adultas".

En el análisis del perfil de la persona en situación de pobreza, el estudio distingue entre personas sin hogar, personas que viven una situación de pobreza sobrevenida, familias de pobreza heredada, personas migrantes y jóvenes en situación de desempleo.

Las personas sin hogar representan el rostro más duro de la pobreza porque a la falta de recursos económicos para hacer frente a las necesidades más básicas de alimentación e higiene se suma la falta de vivienda y la soledad. Para ellas, el Chusticia ha pedido que puedan empadronarse en dependencias municipales, primer paso para solicitar una ayuda social rehabilitadora. En Zaragoza, unas 200 personas viven en la calle con el apoyo de organizaciones sociales y al amparo de los recursos municipales, como el Albergue municipal. En este punto, el Informe aboga por la progresiva desaparición del modelo de macro-albergue a favor de lugares de menor tamaño diversificados por la ciudad, "con idéntico servicio de acogida, asesoramiento e información, en los que, en un determinado momento, en función de la situación de la persona acogida se pueda prever una prestación económica por parte del usuario".

Además, "gran parte de estas personas tienen una enfermedad mental, causa o consecuencia de su precaria situación, que en muchos casos está sin diagnosticar y, en general, sin tratar lo que aleja cualquier posibilidad de recuperación e inserción". Para remediarlo, el Chusticia propone en el Informe la firma de un protocolo entre los servicios sociales, Fiscalía y Juzgados para que las organizaciones sociales que se ocupan de ellos puedan actuar en la calle "tomando decisiones en beneficio de estar personas con todas las garantías jurídicas". El Informe también sugiere que se refuercen los medios personales y materiales de la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos que, en la actualidad, "está desbordada".

Además de este primer paso, la Institución recomienda que Administraciones competentes y agentes sociales se coordinen para sacar adelante un proyecto global de atención a personas sin hogar con enfermedad. En esta línea, el Chusticia sugiere implantar la figura del “gestor de seguimiento”, personal sanitario y/o trabajadores sociales, coordinados por el Salud para "supervisar, entre otros aspectos, el seguimiento del tratamiento, un programa de vivienda específico, programas de ocio y ocupación del tiempo libre para evitar el aislamiento y su inserción social a través de centros especiales de empleo".

Respecto al grupo de familias de pobreza heredada, el Informa apunta que se trata de "familias históricamente conocidas por los Servicios Sociales y que a lo largo de generaciones han ido subsistiendo a través de prestaciones y ayudas". "No son personas que carezcan de hogar en puridad pero, evidentemente, los rigores de la crisis también han hecho mella en la habitabilidad de los mismos y en los hábitos de vida. Por otro lado, según datos ofrecidos por Cáritas Aragón, el 70% de estas familias atendidas tienen hijos lo que convierte la educación de los menores y el seguimiento constante de estas familias en las principales herramientas para avanzar en su inclusión social", agrega.

También a propósito de la educación, el Informe insiste en reforzar los programas creados para frenar el absentismo escolar y el abandono de los estudios obligatorios, y hacerlo de forma coordinada con la distribución equilibrada entre los centros públicos y concertados del alumnado con necesidades educativas especiales. También abogaba por incrementar el límite de renta por unidad familiar para poder acceder a las becas de comedor, "de ahí que la decisión adoptada recientemente por el ejecutivo aragonés en este sentido sea valorada de forma muy positiva".

Superada la etapa de la educación obligatoria, la falta de empleo entre los jóvenes abre el camino a una pobreza temprana, más difícil de erradicar conforme la edad avanza. Es por ello, que el Chusticia propone a las Administraciones aragonesas tomar como referencia el Plan de Empleo Juvenil que existe en Europa que "propone la denominada Garantía Juvenil para que en un máximo de cuatro meses tras acabar los estudios o quedarse en desempleo, las personas jóvenes de hasta 25 años reciban ofertas de trabajo, formación, aprendizaje o prácticas de calidad".

Respecto a la situación de las personas en situación de pobreza sobrevenida y parados de larga duración el Informe insiste en la importancia de que existan ayudas puntuales para el mantenimiento de la vivienda pero, de otro lado, sostiene “que las prestaciones puramente asistenciales deberían reservarse a situaciones en las que, ya sea por edad, enfermedad, u otras circunstancias concretas, la persona no pueda realizar un trabajo”. "Según el Informe Nacional de Cáritas de 2015, el 62% de las personas que atienden no viven en lugares marginales de la ciudad, no acuden a recibir ayudas urgentes y hasta en algunas ocasiones viven al margen de las prestaciones a las que pudieran tener derechos si acudieran los Centro Sociales. Para este grupo, son útiles programas como el del Instituto Municipal de Empleo, Zaragoza Dinámica", abunda.

En relación con las personas paradas de larga duración, el Chusticia d'Aragón hace un llamamiento para "mejorar la percepción y el entendimiento de las empresas de inserción sociolaboral" que, "junto a otras entidades que no adoptan esta forma pero coinciden en los objetivos, constituyen el medio para que las personas afectadas por la exclusión puedan competir en el mercado de laboral en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores". Apunta el Informe que “la contratación de la Administración con estas empresas debería ser la herramienta para hacer cumplir las políticas transversales que exige el desarrollo social” y recuerda a la Administración su obligación de contratar con ellas entre el dos y el seis por ciento del total de los contratos y además, le sugiere idear fórmulas para que tengan beneficios fiscales.

Por otro lado, para el Chusticia es "evidente" que la falta de recursos económicos dificulta "el mantenimiento de una vivienda digna ya sea en alquiler o en propiedad mediante el pago de la hipoteca". "Ante el convencimiento de que nadie debe vivir en calle, y que no debería producirse un desalojo sin previsión de realojo, máxime cuando se ven implicadas personas vulnerables", el Chusticia propone a la Administración la creación y mantenimiento de un registro de viviendas vacías, "como paso previo para reforzar el parque de vivienda pública en alquiler que incluiría las que gestiona el 'banco malo' o SAREB, las de titularidad pública aunque sean calificadas para venta previo cambio de uso a alquiler, y las de titularidad privada cedidas por sus propietarios, con el fin de agilizar la concesión a personas y familias necesitadas mediante el pago de un alquiler social que no debería superar el 25% de los ingresos de la unidad familiar".

De forma paralela, el Informe insiste en que los presupuestos de Aragón prevean ayudas para "obras de rehabilitación que garanticen la habitabilidad y seguridad de las casas y la dignidad de las personas que las habitan". También, que la Administración firme convenios con las entidades bancarias para que "se minimicen las consecuencias negativas de las ejecuciones hipotecarias". Por otro lado, y relacionado con las mismas, el Chusticia insiste en que "las personas que se ven obligadas a vender su primera vivienda al no poder hacer frente al pago de la hipoteca, no tienen que pagar impuestos", una exención largamente demandada por la Institución que por fin contempla la ley.

En cuanto a las personas migrantes, según el Informa, su situación de exclusión "se agrava respecto a los otros grupos, cuando la situación administrativa no está regularizada, desconocen el idioma y carecen de una red local de compatriotas que les introduzcan en la sociedad". La condición de mujer es otro dato que abunda en la gravedad. En opinión del Chusticia, este panorama concreto se debe enfrentar con información coordinada de todas las Administraciones pero "sobre todo con acciones en los países de origen para aliviar la pobreza que les obligar a desplazarse". "A diferencias de años anteriores, que con motivo de la recogida de la fruta, los temporeros se alojaban en albergues y espacios insalubres, se han generalizado los alojamientos a pie de campo en condiciones dignas", asevera.

Concluye el Informe agradeciendo la labor de las personas que trabajan en las entidades públicas y privadas de ayuda y acompañamiento a las personas en situación de necesidad y reconociendo que el problema es muy complejo y difícil de resolver en su totalidad. En palabras de el Chusticia, Fernando García Vicente “hay algunas medidas que para que produzcan efecto, requieren mucho tiempo, pero hay otras que, por su misma naturaleza de urgencia o de salvaguarda del mínimo vital, no pueden demorarse. Hay que actuar ya”.

[alaya_toggle status="open" title=""]Informe del Chusticia d'Aragón sobre las personas en riesgo de exclusión social en Aragón.[/alaya_toggle]

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